Andrés Manuel López Obrador ha decidido erigirse en guardián de las elecciones presidenciales del 2 de junio. Ello significa ubicarse por encima del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para, en caso necesario, revertir un resultado adverso.
Convencido de que su voluntad es la del pueblo, el presidente da por hecho que su ungida será electa por los ciudadanos; de lo contrario, se siente con el derecho de imponerla mediante una estrategia diseñada para entrar en operación a partir del 3 de junio.
Esa sería la culminación de la corrupción electoral de la 4T, caracterizada por el embate sin precedente contra el INE y el TEPJF, así como contra la Suprema Corte y todo el Poder Judicial; sumado al cúmulo de irregularidades, abusos, triquiñuelas y, por supuesto, a las innumerables violaciones a la Constitución y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Se trata de una estratagema para asfixiar a la democracia representativa que lo llevó al poder, como ha ocurrido con otros líderes populistas y autocráticos del mundo contemporáneo.
Todo ello sustenta la hipótesis (generalizada) de que López Obrador no reconocería la posible victoria de Xóchitl Gálvez.
Con razón, se argumenta que el mandatario nunca ha aceptado una derrota electoral, sólo ha reconocido como válidos los procesos en los que él ha ganado. Por ello ha emprendido una intimidación y confrontación contra las instituciones democráticas aunada a una serie artimañas violatorias de la Constitución y la legislación electoral merecedoras de graves sanciones, incluidas la cancelación de candidaturas y la nulidad de la elección.
Transgresiones
El uso indebido de recursos del Estado (prohibido en el artículo 41 constitucional), así como de recursos procedencia ilícita (crimen organizado); son considerados delitos graves, y se les aplica la prisión preventiva oficiosa. El artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales sanciona a quien rebase el tope de gastos de campaña “con la cancelación de su registro o, en su caso, con la pérdida de la candidatura que hayan obtenido”. No obstante, esas leyes se ignoran y en su lugar se aplica el axioma de que “las elecciones se ganan con dinero”. El fraude prevalece.
La precampaña de Morena comenzó en junio de 2023, cinco meses antes de la fecha establecida en el calendario electoral del INE (20 de noviembre de 2023), en desacato del artículo 41 Constitucional. El artículo 226 de la Ley Electoral establece que “la violación de esta disposición se sancionará con la negativa de registro como precandidato”. El INE y el Tribunal fueron rebasados por la presión de los infractores.
Foto: Cuartoscuro
El presidente López Obrador se ha convertido en el jefe de campaña de Claudia Sheinbaum. Hasta el 28 de febrero pasado, se contabilizaban 330 expedientes de denuncias contra el mandatario. La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó, que la intervención del mandatario en el proceso electoral en marcha vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.
La embestida contra la autonomía del INE para transformarlo en un engendro dependiente de la Secretaría de Gobernación, llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), implica una regresión a la época de la caída del sistema operada por Bartlett en 1988. Es parte del proyecto de reforma política contenido en el llamado Plan B que fue rechazado en dos ocaciones en la Suprema Corte por inconsistencias en el proceso legislativo. Ahora han pasado a formar parte del paquete de 20 reformas contenidas en el Plan C, cuya aprobación está condicionada a la victoria de la candidata de Morena y de obtener la mayoría calificada en el Congreso.
En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la 4T ha propiciado una crisis que condujo a la renuncia de dos magistrados presidentes, y ha obstruido en el Senado el nombramiento de dos magistrados de la Sala Superior desde noviembre pasado. Ello ha obligado a que opere con solo cinco magistrados en lugar de siete como lo establece la Constitución.
El desacato senatorial no se debe a negligencia; tiene el claro propósito de mermar al Tribunal en la función primordial de calificar la elección presidencial. Nada menos. El artículo 187 de la Ley Orgánica del TEPJF establece: “Para hacer la declaración de validez y de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, o para declarar la nulidad de tal elección, la Sala Superior deberá sesionar con la presencia de por lo menos seis de sus integrantes”. Ahí está la trampa.
¿Cómo se definirá al magistrado(a) que asuma esa inmensa responsabilidad? El citado artículo de la LOTEPJF señala que la vacante “será cubierta por el magistrado de Sala Regional con mayor antigüedad, o, en su caso, de mayor edad”. Sin embargo se refiere a una ausencia temporal que no exceda de treinta días. Tal ambigüedad permite que haya mano negra en la designación. Sin duda, el beneficiario de la triquiñuela será el mismo que le ordenó a los senadores morenistas ignorar las ternas enviadas por la Suprema Corte para cubrir dichas vacantes.
El asunto es de extrema gravedad. El artículo 99 de la Constitución establece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia. Todas sus sentencias tienen carácter definitivo e inatacable, ninguna autoridad puede cuestionar su legalidad; son inapelables, cosa juzgada. Las magistradas y magistrados tienen la inmensa responsabilidad de brindar certeza jurídica a los procesos electorales; de sus fallos depende, en última instancia, la legitimidad de los comicios y de la democracia mexicana.
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Sentencias inatacables exigen magistrados intachables. La honorabilidad, imparcialidad e independencia de todas las magistraturas deben estar fuera de cualquier duda. Lamentablemente, ese no siempre ha sido el caso, como se vio en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012.
El demagogo palaciego hará todo lo posible por cooptar mediante intimidación o cohecho a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal para contar con su apoyo en la etapa final del proceso electoral. Quizá lo consiga con algunos de ellos, es su especialidad. El sometimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, está garantizado.
Si los resultados preliminares de la elección (PREP) y del Conteo Rápido que el INE dará a conocer el día de los comicios resultaran favorables a Xóchitl Gálvez, el 3 de junio empezaría a operar la estrategia para revertir el triunfo de la candidata opositora, a como dé lugar.
Plan D y gira del adiós
La gira del adiós marcaría el inicio del Plan D. Sería el arranque masivo del “golpe de estado técnico” fraguado por López Obrador. Ello incluiría la presentación de las impugnaciones ante el INE, el Tribunal Electoral y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Paralelamente, mostraría su poder de movilización popular mediante protestas en las plazas públicas de los 32 estados de la república durante su anunciado recorrido. Dichas manifestaciones empezarían siendo pacíficas pero podrían tornarse violentas y, en caso extremo, convertirse en una revuelta.
El Plan D pretendería oponerse por todos los medios al triunfo de Xóchitl para imponer a Claudia, o incluso a sí mismo, mediante una forzada “prolongación de mandato”. El artículo 41 de la Constitución establece: “En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.”
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La intención final del Plan D es acabar con el régimen constitucional de derecho, arrasar contra la Constitución, la legislación electoral y la institucionalidad democrática para instaurar una autocracia. No se puede descartar la intención de perpetuarse en el poder en calidad de el jefe máximo de la regresión autoritaria.
El déspota cree que, si fuera necesario, contaría con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Lo dudo. Es improbable que el Ejército y la Guardia Nacional recurran a la represión de los ciudadanos o que traicionen su responsabilidad constitucional. No juegue con fuego, señor López Obrador.