CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diversas organizaciones denunciaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cerró arbitrariamente una queja presentada en 2022, por abuso de poder de la Fiscalía General de la República (FGR) contra la periodista Marcela Turati, la defensora de Derechos Humanos Ana Lorena Delgadillo y la perito en antropología Mercedes Doretti.
En un comunicado suscrito por Artículo 19, Fundación para La Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CDHMAPJ), se menciona que la conclusión del expediente derivado de la queja presentada a la CNDH, se hizo en el sentido de que los ministerios públicos encargados de un caso de fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, en 2011, “realizaron diversas diligencias que se encuentran ajustadas conforme a derecho”.
Los actos específicos por los que se presentó la queja ante la comisión fueron la intervención ilegal de comunicaciones y la realización de actos de investigación contra la periodista, la defensora y la perito en 2016; dentro de la averiguación previa por el caso de Tamaulipas que inició en 2011.
“Con esta resolución, el órgano que debería ser garante de los derechos humanos en México deja en indefensión a las afectadas y coloca un mensaje de tolerancia hacia una de las prácticas más peligrosas, ilegales y violatorias de derechos humanos de nuestro sistema: el espionaje y la criminalización de quienes apoyan la búsqueda de verdad y la justicia”, señala el comunicado.
A su vez, los suscribientes advierten esta resolución, como indicio de una falta de autonomía entre la FGR y la CNDH. “La resolución pone en evidencia la falta de independencia de la comisión frente a la fiscalía en el caso y pone en entredicho su autonomía” menciona el documento.
La misma denuncia relata que en 2016, la FGR llevó a cabo una investigación en contra de las quejosas, cuando como parte de su trabajo evidenciaban las irregularidades y falta de atención a las víctimas relacionadas con los hechos violentos de San Fernando, Tamaulipas.
Los denunciantes afirman que las pesquisas derivadas de la investigación contra las afectadas, consistieron en solicitudes de datos conservados, geolocalización, sábanas telefónicas y análisis de documentos oficiales en poder de autoridades. Diligencias que, de acuerdo con el comunicado, se atendían con mucha urgencia como si fuera más importante que encontrar a los victimarios relacionados con los sucesos en Tamaulipas.
“Investigar a una periodista de larga trayectoria, a la defensora de derechos humanos y la perita parecía más urgente que encontrar a quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron a las 196 víctimas de las fosas de San Fernando”, señala el boletín.
A su vez, las organizaciones firmantes comentan que, en noviembre de 2021, estos hechos fueron denunciados ante e la Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR y dados a conocer a diversos organismos nacionales e internacionales, los cuales manifestaron preocupación, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Posteriormente, el boletín señala que las afectadas pertenecen al denominado Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, sin embargo, dicha instancia ha sido omisa en comunicarse con ellas, desde que saben de la persecución en su contra, lo que impide que sus medidas de protección sean actualizadas.
El comunicado finaliza con puntos petitorios, entre los cuales exigen cese inmediato de cualquier acto de criminalización e investigación arbitraria y se concluya la investigación llevada por la FGR en contra de las quejosas, la debida investigación de los actos cometidos en su contra hasta la fecha por la FGR, revisión por parte de la CNDH de la queja que resolvió, y que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas tenga comunicación con las afectadas a fin de actualizar sus medidas de protección.