TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (Proceso).- En casi cinco años del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, los últimos dos de ellos con un estallido de la narcoviolencia en Chiapas, iglesias, organizaciones sociales, líderes magisteriales, empresariales y pobladores reclamaron a Escandón su omisión ante la inseguridad, asesinatos, desapariciones y desplazamiento forzado masivo que prevalece en esta entidad.
Desde julio de 2021, cientos de hombres y mujeres han desaparecido en la región de la Sierra y la Frontera Sur, muchos más han sido asesinados y otros miles han tenido que huir a otras regiones de la entidad, o se han refugiado en otros estados e incluso a Estados Unidos ante la violencia desatada por al menos dos cárteles en el territorio.
Consultado al respecto, el activista e investigador social Gerardo González Figueroa puntualiza: “El gobierno de Rutilio se ha afanado en decirnos que Chiapas es seguro. Hay bloqueos, enfrentamientos, secuestros, desapariciones, manifestaciones, protestas, denuncias, escritos, reportajes y parece que, ante la barbarie, el gobierno estatal prefiere la frialdad de las cifras que comparan el delito, es decir, dónde se cometen menos, sin darle importancia de que estamos en un contexto de violencia que parece no tener fin.
“Ahora existe una guerra a gran escala de parte de dos cárteles; además en cada región de Chiapas hay presencia de grupos que imponen el terror, amenazan, secuestran, expulsan a personas que trabajan, que tratan de tener una vida tranquila”.
En ese contexto, subraya, “las instituciones que tienen la responsabilidad de darnos la certeza de una paz muy nuestra se han convertido en tapaderas y/o colaboradores del narco. El mismo gobernador, insulso en su comunicación: un día es quien proporciona los pronósticos del clima, otro día también o termina ensalzando, sin necesidad, al gobierno de la 4T y en particular del presidente”.
El estallido de la narcoviolencia en Chiapas no se ha limitado a la región de la región fronteriza de Comalapa y sus municipios cercanos de la Sierra Madre de Chiapas; se extendió a la región del Soconusco y la Costa de Chiapas, a municipios del norte colindantes con Tabasco, pero también a la región de la Selva Lacandona, colindante con el Petén guatemalteco.
“Rutilio tiene una característica que nunca habíamos visto: es un gobernante que basa su popularidad a partir del discurso obradorista. Es el mejor representante de esta inacción del Estado. En la entidad es el que menos se preocupa por un control, porque los narcos no sólo están en la frontera, sino en muchas otras regiones de la entidad y parte el istmo”, añade el investigador del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).
Como nunca, en las comunidades de Frontera Corozal, Nueva Palestina y Monte Líbano, en la región de la Selva Lacandona, municipio de Ocosingo, los pobladores choles, tsotsiles, tzeltales y mestizos han salido a marchar para pedir seguridad y la salida de los cárteles del crimen organizado.
Recientemente se llevaron a cabo marchas multitudinarias en la cabecera municipal de Motozintla, el 3 y 9 de octubre, y el siguiente día 12 otra en Chicomuselo, donde cientos de pobladores vestidos de blanco exigieron seguridad y paz.
Gobernador “ciego y sordo”.
Muchos lugares turísticos como los Lagos de Colón y la Zona Arqueológica Lagartero, en el municipio de La Trinitaria, cerraron desde el inicio de la narcoviolencia , a finales del 2021.
San Cristóbal de Las Casas es el punto desde el cual los turistas se desplazan al resto de la geografía chiapaneca, pero las incursiones de las pandillas de “motonetos” en esa ciudad y la narcoviolencia ya mermaron la afluencia de visitantes.
La presidenta de la Asociación de Hoteles de San Cristóbal de Las Casas, Alba María de Guadalupe Moguel Gómez, señala que sus afiliados están reportando una crisis severa por las cancelaciones de viajes.
“El gobernador está ciego y sordo ante el problema de la inseguridad y el crimen organizado –dice la dirigente empresarial–. Él no hace caso a nada, defiende sus datos y repite que Chiapas es un estado seguro”.
Indica que el 7 de octubre sus agremiados sostuvieron una reunión con Escandón Cadenas en el Centro de Convenciones del Carmen, donde habló de una visión distinta de la realidad: expuso que en Chiapas “hay paz, armonía”, y que el turismo en San Cristóbal está creciendo.
“No comparto sus puntos de vista en cuanto a la información que usted tiene, no es la misma que tenemos los ciudadanos; esperaba atención de su parte, pero muy a mi pesar me doy cuenta de que usted se niega a ver y a escuchar lo que no sean sus datos, o a ver y escuchar lo que toda la población vive, pero usted no quiere ver”, le contestó la empresaria hotelera en una carta que hizo pública desde las redes sociales de la asociación.
“Ya no sé qué más debemos hacer para exigir seguridad en nuestro Estado, porque, como le dije ese día, el primer paso es aceptar que hay un problema, pero usted no lo acepta”, le reclamó a Escandón.
El gobierno del estado y el propio Escandón difundieron una versión muy distinta de ese encuentro en un video en redes sociales, donde omitieron los reclamos de los empresarios del sector turístico y de servicios. En su lugar, se destacaron las intervenciones del comandante de la 31 Zona Militar, Juvenal Cortés, y del representante de la Región Naval, César Ramírez Torralba, quienes se refirieron a un “ambiente que se está desarrollando en paz”.
Al final del video el propio Escandón señala: “Ahora se está haciendo un gran esfuerzo compartido, como nunca, esto es inédito: Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional. Si ahora ya está haciendo un gran efecto positivo en el pueblo de México, en Chiapas, ¿cómo va a estar después? Pero ahora estamos juntos, como nunca en la historia de Chiapas y del país”.
Pascual Necochea, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana-Costa Chiapas, acompañado de los empresarios Martha Yamel Moisés Ceja y Javier Pinto Chacón, también salió a exigirle al gobernador acciones urgentes.
“Desde Coparmex Costa de Chiapas demandamos a nuestras autoridades de los tres órdenes de gobierno, acciones que garanticen el orden y el estado de derecho; Chiapas se ha convertido en un estado en el que constantemente prevalece la violencia, hechos delictivos, enfrentamientos armados, desplazamientos de habitantes de sus comunidades y bloqueos”, dijo Necochea el 10 de octubre.
El dirigente empresarial aseguró que el sector productivo sufre “afectaciones económicas incalculables”.
Por eso, expresó, “pedimos al señor gobernador Rutilio Escandón Cadenas que eleve la voz y haga llegar al gobierno federal la situación real que nuestros hermanos de la Sierra Madre y Costa de Chiapas están viviendo en nuestro bello y antes pacifico estado. Ya que predomina la inseguridad derivada de enfrentamientos entre grupos armados que aterrorizan a la población generando mucha incertidumbre”.
Y denunció: “La economía en las diferentes regiones se agudiza y la circulación en carreteras se han vuelto insegura, y en algunas regiones imposible, dejando como resultado una seria y preocupante afectación económica en todos los sectores: agrícola, comercial, turismo, de servicios, industrial, educativo y social; económica, provocando cierre de empresas y, a su vez, reducción de empleos”.
Asimismo Linda Armas Hernández, de la Asociación Chiapaneca de Agencias de Viajes y Turismo A. C., de San Cristóbal de Las Casas, dice que ha caído entre 70 y 80% la afluencia turística en esa ciudad.
“Esto está haciendo mucho daño –explica–. Un turista que viene no sólo gasta en agencias de viajes, sino gastan en hoteles, restaurantes, toda persona que llegue a un lugar es importante para nosotros porque deja mucha derrama en todos los sectores turísticos”.
Y agrega que “las agencias de viajes y las transportadoras turísticas sí se están viendo afectados”, aunque admite no tener un registro pormenorizado del daño.
La violencia también afecta al sector educativo. Escuelas y docentes han decidido parar labores, aunque las autoridades educativas guardan silencio al respecto, así como sobre el hecho de que en algunas escuelas ni siquiera han empezado el ciclo escolar 2023-2024 por la inseguridad imperante.
José Armando Falconi, uno de los líderes de la Asamblea Estatal Democrática Sección 40 y militante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), expone:
“La violencia e inseguridad exacerbada en varios municipios del estado de Chiapas colocan al gobierno de Rutilio Escandón Cadenas como el verdadero responsable de la grave descomposición del tejido social, producto de la violencia y la inseguridad de estos grupos paramilitares delincuenciales, que el mismo gobierno protege y consiente”.
El dirigente advierte un escenario todavía peor en los meses próximos, debido a las elecciones: “La violencia se agudizará debido a los enfrentamientos de los grupos de poder y delincuenciales para controlar los municipios” para llevar mano en diversas actividades ilícitas. Por eso, sentencia, “Rutilio Escandón Cadenas es uno de los peores gobernadores que ha tenido el gobierno de la 4T. Debería renunciar y ser sometido a juicio político”.
Realidad
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto del presente año se reportaron los asesinatos de 309 personas y otras 845 víctimas de lesiones dolosas; y 24 feminicidios, 13 de ellos cometidos con armas de fuego.
También se registraron en esta estadística oficial proporcionada por la fiscalía estatal nueve secuestros, 223 casos de violación, más de mil 200 denuncias por daños a la propiedad y 766 denuncias por violencia familiar.
Además, la Comisión Nacional de Búsqueda reporta mil 40 personas desaparecidas y no localizadas anotadas en el registro nacional, aunque en muchos casos la desaparición de personas no se denuncia por temor.
El pasado 29 de septiembre, unos 200 integrantes de organizaciones civiles de diversos estados del país ya habían también elevado la exigencia pública a los gobiernos federal y estatal de que intervengan de forma eficaz para frenar la guerra de dos grupos del crimen organizado.
En el desplegado de todas las organizaciones civiles de Chiapas y otros estados del país, manifestaron: “Alarma que entre las tácticas de los grupos criminales se ha tomado como rehén a la población civil, que es utilizada como escudo de guerra, forzándola a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos”.
Reportaron que el corte de suministros básicos, como alimentos, gasolina, gas, luz eléctrica o servicio de compañías telefónicas, mantiene a la población en la zozobra.
Ante el reclamo, el gobierno federal se apresuró a decir esta semana que Chiapas se ubica entre las siete entidades del país con menor índice de homicidios, con 36.9 por cada 100 mil habitantes.
A las protestas se sumaron las diócesis de Tapachula y San Cristóbal de Las Casas, cuyo obispo, Rodrigo Aguilar Martínez, y su obispo auxiliar, Luis Manuel López Alfaro, señalaron que el estado vive “tiempos de crisis frente a la violencia estructural e institucional con la presencia de la delincuencia organizada que lacera la vida de las comunidades y los pueblos de Chiapas”.
Indicaron que las bandas criminales se han apoderado de algunos territorios y la población vive en estado de sitio, bajo psicosis social con narcobloqueos, que usan como barrera humana a la sociedad civil, poniendo en riesgo su vida y la de su familia.
“Como iglesia diocesana y sociedad civil se ha denunciado permanentemente la crisis social, la represión y la presencia de grupos criminales. Sin embargo, no ha habido respuesta para los pueblos, el silencio de las autoridades pone en riesgo la integridad humana y nos demuestra un estado fallido y rebasado o coludido con los grupos delincuenciales, desde los fiscales municipales y regionales, presidentes municipales, el gobierno del estado y federal”, dijeron los obispos en una misiva que enviaron al gobernador de Morena.
En este mismo sentido se pronunciaron los obispados de Tapachula y la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, la diócesis más impactada por la narcoviolencia en sus parroquias, sacerdotes y feligreses es la de San Cristóbal de Las Casas, pues su circunscripción abarca la Sierra, la Frontera y la región de la Selva.