CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– “Las principales ciudades del suroriental estado mexicano de Chiapas están en un completo caos”, advirtió el 5 de noviembre último el subcomandante Moisés, sucesor del subcomandante Marcos –ahora capitán Marcos– al frente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Precisó que “San Cristóbal de las Casas, Comitán, Las Margaritas y Palenque, por mencionar algunas cabeceras municipales, están en manos de uno de los cárteles del crimen desorganizado y en disputa con otro”.
En uno de los comunicados que la organización publicó en vísperas del 30 aniversario del levantamiento armado del EZLN, Moisés denunció que, en un entorno donde conviven militares y grupos criminales, “hay bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado, balaceras”. Y advirtió: “Esto es efecto del padrinazgo del gobierno del estado y la disputa por los cargos que está en proceso”.
El Ejército Mexicano no podría estar más de acuerdo con el líder insurgente. Informes internos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –revisados por Proceso entre los millones de archivos filtrados por el colectivo Guacamaya– dan cuenta de la intensa actividad de grupos criminales en la entidad, y su colusión con gobiernos municipales, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y hasta con mandos militares o de la Guardia Nacional.
De acuerdo con uno de los informes de la Sedena, fechado en julio de 2022, Mario Antonio Guillén Domínguez, presidente municipal de Comitán –quien pertenecía al PRI, pero renunció a su militancia en mayo pasado y se acercó a Morena– es un operador financiero de una célula del Cártel de Sinaloa que opera bajo la coordinación de José Trinidad Anzueto Escobar, mientras que Rey David Gutiérrez Vázquez, militante de Morena y presidente municipal de Frontera Comalapa, está vinculado a dos organizaciones criminales que operan en Guatemala y México.
Otros documentos establecen los lazos de las autoridades municipales y estatales con grupos criminales, ya sean células independientes u organizaciones vinculadas al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el grupo guatemalteco de “Los Huistas” en Ocosingo, Frontera Comalapa, Tapachula, Malpaso o La Trinitaria, municipios por los cuales pasan las rutas de contrabando de drogas y personas.
Desde el año pasado la Sedena sabía que la situación era explosiva en Chiapas, con la entrada del CJNG para disputar territorios a los grupos ya establecidos y con la muerte de Ramón Gilberto Rivera Beltrán, líder del Cártel de Sinaloa en la región, que desató luchas por el control de la estructura criminal. En agosto de 2022 uno de los familiares de Luis Alejandro Cruz Ruiz, conocido como Pelón, se mofó de que, por segunda vez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y sus funcionarios habían llevado a cabo la mesa de seguridad en Comitán “para tratar de aparentar que el Estado no tiene problemas”, señaló el agente que intervino sus comunicaciones.
Por cierto, este agente descubrió que la misma organización recibía reportes sobre los pormenores de la mesa de seguridad, entre ellos los detalles sobre los operativos militares venideros.
Estado militar
Con 17 mil 160 soldados de la Sedena y de la Guardia Nacional desplegados en junio de 2022, Chiapas es el estado más militarizado de México. En la entidad que presenta las peores tasas de pobreza, pobreza extrema y carencias sociales del país, hay dos militares por cada médico, un soldado por cada cinco profesores y por cada 323 habitantes.
Chiapas es sede de la VII Región Militar, la cual coordina cinco cuarteles de Zonas Militares (número, 31, 36, 38 y 39, en Chiapas, y la 30 en Tabasco), 11 batallones de infantería, cinco compañías de Infantería No Encuadrada, tres regimientos de caballería motorizados, un regimiento de artillería, un batallón de ingenieros de combate, un grupo de morteros calibre 81 milímetros y un grupo de cañones, de acuerdo con un informe de la Sedena de julio de 2022.
A estos recintos castrenses se suman la Región Aérea del Sureste, con sede en Tuxtla Gutiérrez, la Décima Sexta Región Naval de la Secretaría de Marina (Semar) en Puerto Chiapas, y los 13 cuarteles de la Guardia Nacional en operación en la entidad, a los que se añadirán otros cinco para alcanzar 18 al final del sexenio, según anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En total, según un informe que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas publicó en mayo último, existen 71 campamentos militares en la entidad. En el reporte, titulado Chiapas, un desastre, la organización documentó la creciente “ocupación territorial por parte de las fuerzas militares” y la multiplicación de operativos en la entidad a partir del levantamiento zapatista, en 1994, los cuales han dado lugar a un “estado de sitio de facto” y a “crímenes de lesa humanidad”.
Pese al control militar, los índices delictivos se están disparando en una entidad que históricamente ha estado entre las menos afectadas por los delitos del país, aun con una “cifra negra” de casos no denunciados de 90.5% –contra 92.4% en promedio nacional–.
En noviembre pasado, el Observatorio Ciudadano de Chiapas advirtió que siete delitos de alto impacto se dispararon en lo que va del año, especialmente los cometidos con armas de fuego. Entre enero y noviembre las autoridades reportaron 434 víctimas de asesinato, y Chiapas presenta una de las tasas de impunidad más graves de México en materia de homicidio, pues deja sin resolver 98.4% de éstos.
El estado se encuentra bajo la supervisión del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) Sureste, con base en Coatzacoalcos, Veracruz, desde el cual agentes de las instituciones federales de seguridad intervienen las comunicaciones de blancos en la región, a partir de las que elaboran informes de inteligencia sobre la situación en la entidad.
Uno de los casos que reportó el Cerfi, de acuerdo con la filtración de Guacamaya, muestra que una organización de tráfico de personas, drogas y armas en Chiapas, vinculada al Cártel de Sinaloa, cuenta con cómplices en la Guardia Nacional, en el INM y en la Sedena para transportar a personas.
Con su presencia en Chiapas, el Ejército mantuvo un ojo sobre la estructura y las actividades del EZLN en los Caracoles y municipios autónomos que el “grupo inconforme” instaló a partir del 9 de agosto de 2003. Mediante sus agregadurías militares, la Sedena también dio un seguimiento puntual a la gira de zapatistas y simpatizantes a Europa en 2021. También elaboró fichas sobre periodistas que trabajan en la zona, incluyendo a Isaín Mandujano, el corresponsal de Proceso.
Fragmento del reportaje publicado en la edición mensual 0007 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.