La Fiscalía General de la República (FGR) ha acusado al Poder Judicial de “conducta indebida” en el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), argumentando que los jueces de distrito y magistrados federales han evidenciado una “notoria parcialidad e ilegalidad” a favor de Lozoya y en detrimento de las víctimas, que en este caso son el Estado mexicano y Pemex.
La FGR señaló que esta parcialidad se refleja en la reciente decisión del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México de desechar diversas pruebas obtenidas con base en dos tratados internacionales que cuentan con nivel constitucional, según lo establece el artículo 133 de la Constitución Mexicana.
Estos tratados se aplican regularmente en acciones de colaboración con otros países por parte de entidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Cada vez es más evidente la conducta indebida.
Además, la FGR resaltó que uno de los jueces involucrados otorgó beneficios a Emilio Lozoya que la legislación expresamente le niega, lo cual calificó como una acción “evidentemente ilegal” y una violación del Código Penal Federal.
Este conflicto surge después de que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación confirmara que serán desechadas las pruebas presentadas por la FGR en contra de Lozoya en relación al caso de la empresa brasileña Odebrecht.
Estas pruebas buscaban demostrar que Lozoya recibió sobornos de la constructora brasileña.
Emilio Lozoya también ha intentado eliminar los testimonios y los interrogatorios de exdirectivos de Odebrecht que lo señalaban de recibir sobornos, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente ratificó una resolución de un Tribunal Colegiado que desestimó estas pretensiones.