Por: Ana Lorena Delgadillo Pérez
En pleno cierre de año, mientras muchos de nosotros pensamos cómo celebraremos los últimos días de 2023, cerca de 8,000 personas migrantes se encuentran cruzando el territorio mexicano en lo que ellos han denominado “Éxodo de la pobreza”. Este éxodo es el resultado directo de la enorme desprotección que viven frente a la violencia, inseguridad, falta de oportunidades y en muchos casos, la ausencia de Estado de Derecho.
Algunos de los países con mayor índice de migración como Venezuela, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití, enfrentan problemas similares. De acuerdo al Banco Mundial, la pobreza en Guatemala y Honduras supera el 50% mientras. Honduras sigue siendo uno de los países más pobres y más desiguales de la región. En Nicaragua las condiciones de pobreza se agravan con el bajo nivel de capital humano, el déficit en la infraestructura, un entorno institucional y empresarial débil, los desastres naturales y la férrea represión política de los últimos años. En El Salvador, por su parte, la pobreza extrema sigue siendo más alta que los niveles anteriores a la pandemia.
El caso de Cuba es de gran preocupación por la crisis multidimensional que atraviesa la isla, especialmente golpeada por la pandemia de COVID-19 y su impacto en la industia del turismo, a lo que se suma una escasez crónica y generalizada de productos de primera necesidad, incluidos alimentos y medicamentos, y el rigido sistema político cubano que ha generado, según WOLA (Washington Office on Latin America), una migración de cubanos hacia EEUU, mayor que en cualquier otro momento desde la revolución cubana, que alcanzó en los años fiscales 2022 y 2023 un aproximado del 4% del total de la población de Cuba.
En Haití más del 50% de la población pasan hambre y según el Banco Mundial, cerca del 90% de los haitianos viven por debajo del umbral de la pobreza y casi un tercio de ellos en pobreza extrema. En Venezuela, país con la mayor crisis de refugiados de todo el hemisferio con más de 7,7 millones de venezolanos y venezolanas viviendo fuera de sus fronteras, la compra de alimentos se ha desplomado, acentuado la desigualdad en calidad y cantidad de la alimentación; a 93.3% de los hogares el ingreso no les alcanza para vivir y se considera que la pobreza es estructural después de 3 años continuos de crisis (Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela, Encovi, año 2022).
Además de la pobreza, algunos de estos países enfrentan condiciones de violencia, falta de gobernabilidad, inseguridad, debilidad institucional o crisis políticas. Como ejemplo, Haiti se encuentra asediado por grupos armados y pandillas (mas de 300), lo que implica graves condiciones de violencia -incluyendo violencia sexual- e inseguridad (Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA).
En Guatemala más de 30 operadores de justicia y defensores que han luchado contra la corrupción y por los derechos humanos, han tenido que abandonar el país por la persecución política. A pesar de la victoria electoral de Bernardo Arévalo, el entorno se torna difícil frente a los obstáculos ilegales que imponen diversos actores para evitar que asuma el poder.
A esto hay que sumar los embates que ha tenido la región por los efectos del cambio climático y la Pandemia COVID 19 -en el caso de Haití además una epidemia de cólera durante el año 2022- . A causa del cambio climático, se estima que 17 millones de personas podrían verse obligadas a abandonar sus hogares y todavía más grave, se reporta que casi 5,8 millones de latinoamericanos y caribeños caerían en la pobreza extrema de aquí a 2030, por falta de agua potable, una mayor exposición al calor excesivo y a las inundaciones. (Banco Mundial América Latina y el Caribe: panorama general).
Las personas migran por la necesidad de tener una vida digna o para sobrevivir, de eso no nos puede quedar duda. Las respuestas que deben dar los países frente a esta realidad, han de ser variadas, integrales, de carácter regional y con un enfoque humanitario. Es difícil pensar que solamente una inversión en la economía y en las fuentes de trabajo, traerán resultados positivos para que las personas decidan quedarse a vivir en sus países, cuando es claro que se requieren condiciones mínimas de gobernabilidad y seguridad para que pueda haber un disfrute de los bienes y servicios a los que todos tenemos derecho. En muchos de estos países, tener ingresos o condiciones de vida digna representa un riesgo, ya que cada vez es más común que en la región exista el “cobro de piso”, las extorsiones, los secuestros y los robos.
Los acuerdos migratorios que Estados Unidos ha generado en la región han fracasado. Las personas van a seguir migrando porque de eso depende su sobrevivencia.
Desde inicios de este año, cerca de 94 organizaciones de la sociedad civil de la región, frente a la Declaración de los Ángeles sobre Migración y Protección, hicieron varias recomendaciones a los países: respetar y garantizar el derecho al asilo (principio de no devolución y acceso al territorio); crear y ampliar vías complementarias de movilidad humana para reducir los riesgos en la migración; combatir la criminalidad y la impunidad en los delitos cometidos contra personas migrantes y solicitantes de asilo; retomar el Plan de Acción de los 10 Puntos de la Agencia de la ONU para los Refugiados; intervenir en comunidades marginadas con un enfoque de seguridad económica y resiliencia ante los factores relacionados con el clima y la inseguridad y construir políticas migratorias de la mano de las poblaciones afectadas y las organizaciones que las acompañan.
No es la militarización, la detención y la deportación masiva lo que va a traer resultados. Es preciso generar vías seguras para la migración en sus diferentes etapas, así como una política de regularización. Muchos de los problemas que enfrentan los países de origen, son generados por la humanidad en su conjunto y sólo con una visión humana, podremos comenzar a encontrar verdaderas vías de respuesta y así evitar éxodos de pobreza y desprotección.