Por: Rogelio Muñiz Toledo
“Se encuentran en la Constitución (de la Ciudad de México) avances
de gran importancia, como el desarrollo de un amplio sistema de
cuidados y la implantación del derecho a un mínimo vital, ambos
comprendidos en la lógica de los derechos humanos emergentes“
* Alicia Bárcena
El pasado 5 de febrero celebramos el séptimo aniversario de la Constitución Política de la Ciudad de México. A pesar de que la mayor parte del texto constitucional entró en vigor hace más de cinco años, no es exagerado decir que quien gobierne la Ciudad de México a partir del 5 de octubre de 2024 -y quienes integren la mayoría parlamentaria en la III Legislatura del Congreso local- tendrán la responsabilidad de trabajar para lograr que la Constitución tenga plena eficacia.
Clara Brugada y Santiago Taboada tienen en común el haber formado parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México (2016-2017) y haber sido alcaldesa y alcalde de Iztapalapa y de Benito Juárez, respectivamente, durante cinco años (2018-2023) -con reelección incluida- bajo el mandato de la primera Constitución de la Ciudad de México. Se trata de la candidata y el candidato con mayores posibilidades de ocupar la Jefatura de Gobierno a partir del 5 de octubre de este año. Al otro candidato, Salomón Chertorivski Woldenberg de Movimiento Ciudadano, las encuestas lo colocan muy lejos de ellos.
Ambos fueron diputados constituyentes –Brugada fue vicepresidenta primera de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente– y con ese carácter firmaron la primera Constitución Política de la Ciudad de México. Los dos fueron alcaldes bajo las nuevas reglas para el tercer orden de gobierno en la Ciudad de México establecidas en el texto constitucional aprobado por ellos. Esas experiencias no son triviales para quienes buscan gobernar la Ciudad de México.
Durante la administración de Claudia Sheinbaum el desdén de la Jefa de Gobierno a la Constitución de la Ciudad de México alcanzó niveles que no debieron ser tolerados por el Congreso local. Para decirlo en pocas palabras, Sheinbaum gobernó sin la Constitución local y, en no pocos casos, incluso contra ella. Esta decisión política de la ex Jefa de Gobierno provocó que no pocos apartados de la innovadora Carta de Derechos contenida en la Constitución local hayan quedado, hasta la fecha, como letra muerta.
La determinación de Claudia Sheinbaum de aplazar la vigencia de gran parte del texto constitucional local -decisión avalada por la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados en el Congreso de la Ciudad de México, y en algunos casos también por las oposiciones- tuvo como consecuencia que se retrasara el cambio político en la Ciudad, que se pospusiera el ejercicio de muchos de los derechos reconocidos en el texto constitucional local y que se suprimieran programa sociales existentes incluso antes de que entrara en vigor la Constitución, como los programas de pensión no contributiva para personas adultas mayores y para personas con discapacidad y el de la beca Prepa Sí, con el argumento poco sólido jurídicamente de que ahora los otorgaría el gobierno federal. En la administración de Sheinbaum solo el programa social “Mi beca para empezar” significó una ampliación en el ejercicio de un derecho social.
La elección de 2021 en la que se renovó la totalidad del Congreso de la Ciudad de México pudo ser una oportunidad para rescatar a la Constitución del desdén de la entonces Jefa de Gobierno. No sucedió así. Las elecciones de este año son una nueva oportunidad para lograrlo.
Quien ocupe la Jefatura de Gobierno a partir del 5 de octubre de este año -Clara Brugada o Santiago Taboada- tendrá la responsabilidad de rescatar a la Constitución Política de la Ciudad de México del “secuestro” en el que la ha mantenido Claudia Sheinbaum durante más de cinco años.
El año pasado, en un encuentro con constituyentes de la Ciudad de México, Clara Brugada dijo que “la Constitución de la Ciudad de México se debe convertir en la agenda política para que los hechos no se burlen de los derechos” (Milenio, 16 de octubre de 2023).
Por su paso por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y por su trabajo como alcaldes entre 2018 y 2023, tanto Brugada como Taboada podrían hacer lo que Sheinbaum nunca quiso, impulsar la reglamentación de todos los derechos sociales y económicos reconocidos en la Constitución local y la implementación de políticas que garanticen su ejercicio efectivo.
A contracorriente de las decisiones de la Jefa de Gobierno, y para cumplir con lo establecido en la Constitución de la Ciudad de México, como alcaldes, Brugada y Taboada implementaron políticas y programas para hacer efectivos derechos sociales y económicos reconocidos en la Constitución local. Mandato constitucional que, como Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum nunca quiso cumplir.
Con su programa de las “Utopías” y con la política social de su gobierno en Iztapalapa, Clara Brugada buscó hacer efectivos derechos sociales y económicos reconocidos en la Constitución de la Ciudad de México. Mientras la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no quiso hacer efectivo el “derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna” a todas las personas en la Ciudad de México -a pesar de estar reconocido como tal en la Constitución local-, en Iztapalapa el gobierno de la alcaldesa Brugada otorgó apoyos económicos a personas cuidadoras -preferentemente mujeres- y un ingreso social de emergencia, como base para el desarrollo de un sistema público de cuidados y la implementación del mínimo vital. Programas que por mandato de la Constitución local debían existir en la capital de la república desde hace más de cuatro años.
Como alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada implementó programas sociales para hacer efectivo el derecho a una pensión no contributiva de las y los adultos mayores y de las personas con alguna discapacidad y para otorgar apoyos económicos a estudiantes -mientras que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, los suprimía a pesar de estar reconocidos en la Constitución local-; estableció programas para otorgar apoyos económicos a jefas y jefes de familia en situación de vulnerabilidad y a personas desempleadas y creó estancias infantiles. Todo lo cual podría constituir la base para el ejercicio del derecho al cuidado reconocido en la Constitución de la Ciudad de México.
Reitero una referencia al pensamiento de Luigi Ferrajoli que he compartido en una ocasión anterior en este espacio: en el paradigma de la democracia constitucional -señala el jurista italiano- las constituciones son “también un programa político” en forma de “utopías de derecho positivo” para lograr “la igualdad en los derechos fundamentales”.
Por su trayectoria política -en particular su paso por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México- y por sus acciones en materia de política social al frente de las alcaldías de Iztapalapa y Benito Juárez, respectivamente, Brugada o Taboada podrían hacer al frente de la Jefatura de Gobierno lo que Claudia Sheinbaum nunca quiso: cumplir con el mandato constitucional de implementar las garantías para hacer efectivos los derechos sociales, económicos y culturales reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de México en forma de lo que Ferrajoli llama “utopías de derecho positivo.
* Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra es secretaria de Relaciones Exteriores
del Gobierno de México. Fue secretaria ejecutiva de la CEPAL