El 15 de octubre, la Secretaría de Gobernación hizo pública la lista de 13 aspirantes a dirigir la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB), pero existen inconformidades de familiares quienes señalan vínculos de algunos con militares, con el gobierno federal morenista, hasta con la delincuencia organizada.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y el Observatorio de Designaciones Públicas señalaron en un comunicado, la falta de claridad sobre la evaluación de las y los candidatos ya que no se especificaron los criterios que tendrán durante el proceso, además de que las entrevistas no han sido, lo que podría generar discrecionalidad para la selección.
También denotan la ausencia de mecanismos para la participación ciudadana y repararon en la limitada participación de familiares de personas desaparecidas, que son las primeras interesadas ya que la CNB debe mantener estrecha vinculación con éstas.
“No se incorpora ningún mecanismo adicional al envío de postulaciones para que las familias de personas desaparecidas tengan una voz central en el proceso, lo cual contradice lo establecido en la propia ley en la materia”, afirmaron.
Exigieron transparencia para que la convocatoria no sea solo un asunto de formalidad para dar paso a un perfil que incumpla con lo señalado por la ley.
“Nos preocupa que ante la falta de transparencia, esta convocatoria sea vista como una mera formalidad, sin que haya una revisión sustantiva de los perfiles y un genuino proceso de escucha de la perspectiva de las familias”.
Por otro lado, desde el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, uno de los voceros, Martín Villalobos dijo que les preocupa que 10 de 13 candidatos no cumplen con los criterios de experiencia y capacidad.
Además de que sospechan que el proceso de selección es solamente un trámite para posicionar a un perfil preseleccionado.
“Creemos que el proceso solamente es para validar algo que ellos ya tienen decidido; la mayor parte de los perfiles son juristas, perfiles que vienen de la administración pública y que por desconocimiento del tema de las desapariciones, no representarían una garantía para las familias de víctimas”, dijo el buscador.
Les preocupa, por ejemplo, la participación de un militar, particularmente la aspiración de Armando Cuéllar Pérez, quien ha sido soldado policía militar de la Sedena.
“Si un integrante del Ejército participó en la desaparición de tu familiar y si la Comisión Nacional de Búsqueda está a cargo una persona que era militar, eso causaría muchos sentimientos encontrados, sería revictimizante dijo la integrante de la plataforma Nacional de víctimas, Alejandra Galván.
Foto: Cuartoscuro
Según su currículum, Cuéllar Pérez fue Soldado Policía Militar en la SEDENA (2019-2022), en 2023 se integró a la Comisión Estatal de Búsqueda del estado de Durango; hasta antes de 2022 su formación está relacionada con adiestramiento en armas, emboscadas y otras tácticas militares, pero en el último año realizó cursos de Derechos Humanos.
Entre quienes aspiran se encuentra Azucena Jazmín Márquez Rodríguez, servidora pública en el gobierno de Nuevo León, y ha sido encargada del despacho de Asuntos de Internos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, también del Centro de Información para la Seguridad del Estado, Evaluación y Control de Confianza.
Además fue directora de los centros de reinserción social de Puebla de julio de 2014 a agosto de 2015.
Otro de los perfiles que ha incomodado a las familias es el de Teresa Reyes Sahagún, directora del INEA del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde marzo de 2021.
Foto: Especial
También fue coordinadora de las delegaciones de la Secretaría del Bienestar, de 2018 a 2021, dependencia que lleva a cabo actualmente la intención de crear un nuevo padrón de personas desaparecidas ordenada bajo las condiciones del presidente López Obrador.
Esto y sus vínculos con el partido Morena del que fue secretaria de Defensa de la Soberanía, integrante de la Comisión Nacional de Elecciones y diputada del PT, hace que las familias critiquen su postulación, dijo Virginia Garay Cázares, integrante del Consejo Ciudadano de Búsqueda.
El Colectivo Verdad, Memoria y Justicia de Quintana Roo envío un extrañamiento a la Secretaría de Gobernación sobre la postulación de la excomisionada de Búsqueda de esa entidad, Luz Margarita González López, a quien señalan de revictimizar a las familias, “simulando búsquedas y maquillando la información y las estadísticas oficiales“, destacan.
Foto: EFE
Incluso recordaron que fue despedida en 2022 “por su ineficacia, ineptitud, falta de compromiso y resultados, además de estar vinculada a grupos de delincuencia organizada locales“.
Sin embargo, a través de sus redes sociales, el colectivo dio a conocer que ve con buenos ojos la postulación de Oswaldo Antonio Chávez Wiarco.
“Celebramos sea parte de los 13 aspirantes W Wiarco Investigaciones y Defensa Penal S.C esperando que la Decisión sea basada en lo ético y profesional de la persona, exigimos que la Decisión de la Secretaría de Gobernación de México sea con postura firme de tener el perfil adecuado para ocupar tan sensible Dirección de la Comisión Nacional de Búsqueda, no queremos funcionarios a modo o políticos (…)”, expusieron.
Foto: EFE
La lista de las candidaturas son: Armando Cuéllar Pérez, José Carlos Castro Gurrola, José Andrés Méndez Ñeco, Oswaldo Antonio Chávez Wiarco, Jorge Sánchez Arellano, Geovanni Francesco Barrios Moreno, María del Carmen Carabarín Trujillo, Luz Margarita González López, Wendy Guadalupe Ruíz Ramírez, Azucena Yasmín Márquez Rodríguez, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, María del Sol Berenice Salgado Ambros y Alma Delia Guzmán Cano.