La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, aceptó dialogar con el titular del Poder Ejecutivo para que una parte del dinero ahorrado en los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) se destine a apoyar a las miles de familias que se quedaron sin vivienda en Acapulco tras el paso del huracán Otis.
A través de una carta, la ministra presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal dijo que está a la espera de un canal institucional que sirva para comenzar este diálogo entre poderes y concretar así la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para extinguir 13 de los 14 fideicomisos del poder judicial.
Sin embargo, la ministra Norma Lucía Piña aclaró que cualquier diálogo “debe garantizar los derechos de todos los integrantes de nuestra institución”, en clara referencia a los ahorros de miles de trabajadores de base en varios de los fideicomisos que se pretende extinguir, recursos que los trabajadores de base y de confianza aportan para ampliar su cobertura médica e incrementar sus pensiones de retiro.
“A partir de lo anterior, quedo a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión”, escribió Piña Hernández.
En la misiva, la ministra presidenta Norma Lucía Piña agrega que “tomó conocimiento” de la propuesta realizada por el presidente López Obrador en su conferencia matutina, destacando que dicha planteamiento “representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado” en defensa de la población de Acapulco.
Trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida.
En este marco, refrendó que desde que llegó al cargo a principios del 2023 “ha venido trabajando en proyecto de reingeniería, tanto de los fideicomisos, como del ejercicio del presupuesto asignado” con el propósito de cumplir con los compromisos del Poder Judicial con sus trabajadores y al mismo tiempo mejorar el aprovechamiento de los recursos públicos.
