Por Rogelio Muñiz Toledo
“Me dirijo también, con mi mayor solidaridad, a todo el personal del Poder Judicial de la Federación … de nuestra parte les reitero, enérgicamente, que son nuestra prioridad. Al igual que todos los ciudadanos, nosotros tenemos derechos constitucional y convencionalmente reconocidos y merecemos seguridad plena para el desarrollo de nuestras funciones”
Norma Lucía Piña Hernández*
La adición al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación impulsada por el presidente López Obrador y aprobada por las mayorías parlamentarias de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión es un atentado -en el sentido de la cuarta acepción del término: “procedimiento abusivo de cualquier autoridad”- en contra de los derechos laborales de las y los más de 50 mil trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Según datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2023, publicado por el INEGI: “Al cierre de 2022 el Poder Judicial de la Federación contaba con 54.388 servidoras y servidores públicos”. De estos, 37.651 eran trabajadores de base. Su trabajo hizo posible que en 2022 se publicaran cerca de un millón de sentencias; 972.506 de ellas producto de la labor que cotidianamente realizan las trabajadoras y los trabajadores de los tribunales y juzgados del PJF en todo el país.
De acuerdo con el referido censo del INEGI:
Durante 2022, se ingresaron a los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal 1.256.077 asuntos en todas las materias, mientras que la cantidad de asuntos resueltos fue de 1.214.806. Comparado con 2021, esto representa un aumento de 17.7% y 23.6%, respectivamente.
A pesar de estos datos, todo indica que tanto el presidente de la república como los legisladores de Morena y sus aliados son incapaces de entender que la impartición de justicia es un bien público y una función esencial en todo Estado democrático de derecho y que, de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, en materia de derechos laborales no es admisible retroceso alguno.
Estos gobernantes de la 4T que se dicen de izquierda son incapaces de entender que no hay medidas de racionalidad o de austeridad en el ejercicio del gasto público que justifiquen la regresividad en materia de derechos laborales. Nada justifica la violación de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del PJF, ni mucho menos el despojo de sus aportaciones a los fondos destinados a cubrir prestaciones laborales.
De no revertirse esta reforma legal por la vía jurisdiccional, las afectaciones a los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores por la extinción de los fideicomisos del PJF serían muy graves; tanto como lo serán para la división de poderes y la democracia constitucional los efectos nocivos de la ofensiva que subyace tras esta reforma y que pone en entredicho la autonomía presupuestal y la independencia del PJF. Ofensiva que desde el inicio de su gobierno y de su fracasada Cuarta Transformación el presidente de la república emprendió con especial dedicatoria a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque a López Obrador le molestan los contrapesos que establece la Constitución como parte del sistema político.
Los ataques del presidente de la república en contra de las y los impartidores de justicia se han acentuado debido a su malquerencia contra el PJF motivada por el hecho de que las y los jueces, magistrados y ministros han actuado en cumplimiento de su función de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad y no se han plegado a los deseos o a los empeños de la vanidad del habitante de Palacio Nacional.
Los efectos nocivos de esta reforma legal ordenada por el presidente López Obrador se verán reflejados en el funcionamiento y operación del PJF y, de manera especialmente grave, en la seguridad jurídica de sus trabajadoras y trabajadores en el desempeño de sus funciones -como lo señaló la ministra Piña Hernández- debido a la regresividad en sus derechos laborales.
Algo similar habría sucedido con la implementación del “Plan B” electoral que afortunadamente fue invalidado por la Suprema Corte. De haber prevalecido esa reforma electoral, las afectaciones a los derechos laborales del personal del Instituto Nacional Electoral habrían causado graves perjuicios a sus trabajadoras y trabajadores, tan severos como lo habría sido el daño a la democracia. Al presidente López Obrador nunca le ha preocupado que sus embates en contra de las instituciones afecten gravemente los derechos de las y los trabajadores. El caso del conflicto laboral en Notimex es una muestra más de ello.
Aunque en la iniciativa del diputado Ignacio Mier -personero del presidente López Obrador para impulsar esta reforma y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena- proponía extinguir 13 de los 14 fideicomisos del PJF (6 del Consejo de la Judicatura, 6 de la Suprema Corte y 2 del Tribunal Electoral), de los dictámenes de la Cámara de las y los diputados y del Senado se desprende que solo serían 12 los fideicomisos que se extinguirían (se mantendrían el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia y el Fondo para la Administración de los Recursos Provenientes de Sentencias que deriven de las Acciones Colectivas Difusas).
En cualquier caso, de prevalecer esta reforma y de extinguirse 12 o 13 de los fideicomisos del PJF, como consecuencia de su aplicación, se producirían graves perjuicios para las trabajadoras y los trabajadores de dicho poder de la Unión.
El dictamen del Senado no deja lugar a dudas al respecto. En el mismo se puede leer:
Derivado del análisis de los fideicomisos de la Minuta remitida por la Colegisladora, que por vía de consecuencia se extinguirán, las presentes Comisiones Unidas identificamos que algunos fondos corresponden a prestaciones que se pueden vincular con derechos laborales.
Aunque en el dictamen del Senado se señala que lo dispuesto en el artículo transitorio TERCERO del decreto de la reforma prevé una salvaguarda para los derechos laborales que pudieran verse afectados, la verdad es que su redacción deja serias dudas sobre las garantías para que todos los derechos adquiridos por las trabajadoras y los trabajadores del PJF sean salvaguardados.
Máxime si se considera que los previsibles recortes al presupuesto del PJF para 2024, como parte de la ofensiva del presidente de la república, podrían generar ajustes en el gasto de ese poder que impedirían hacer frente a obligaciones laborales que, de ser el caso, deberían solventarse con los recursos de los fideicomisos. La situación podría agravarse para los subsecuentes ejercicios fiscales si Claudia Sheinbaum fuera la sucesora de López Obrador y la encargada de continuar con los embates al PJF.
La buena noticia es que las oposiciones parlamentarias ya preparan una acción de inconstitucionalidad para impugnar la reforma y que las y los trabajadores han iniciado las acciones legales -por la vía del juicio de amparo- para solicitar la protección de la justicia de la Unión frente a esta flagrante violación a sus derechos laborales. La manifiesta inconstitucionalidad de la reforma y los vicios en el proceso parlamentario denunciados por legisladores de las oposiciones -una vez más Morena violando los procedimientos legales en el Poder Legislativo- debieran llevar a su invalidez.
Sin lugar a duda, es importante hacer efectivos los principios de transparencia, austeridad y rendición de cuentas y es necesario realizar una revisión integral de la estructura del Estado para eliminar privilegios y excesos en el ejercicio del gasto público. Pero dicha revisión requiere un trabajo ordenado que sea producto de un análisis racional y de una deliberación pública, que respete los derechos de las trabajadoras y los trabajadores y que garantice la regularidad en el funcionamiento de las instituciones.
* La ministra Norma Lucía Piña Hernández es presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.