Gobernar implica necesariamente administrar; y hacerlo de manera eficaz requiere que las instituciones del estado cumplan con los mandatos legales que la Constitución y las leyes les imponen. En ese sentido, el gobierno requiere de un muy alto sentido de la responsabilidad, tanto política como jurídica, pues las y los funcionarios tienen permitido realizar únicamente aquello que expresamente les está permitido por ley; es decir, toda decisión que toman debe estar debidamente motivada y fundada.
La función administrativa del estado requiere por tanto de una administración pública que trabaje de manera coordinada, que cumpla con plazos específicos de ejecución de programas y presupuestos, y que, al mismo tiempo, mantenga una doble relación en condiciones de normalidad operativa: con las y los trabajadores que laboran para el Estado y, simultáneamente, con la población que directamente tiene derechos que le deben ser garantizados desde las dependencias públicas.
Con base en esas consideraciones, es importante pensar en cómo se integrará el próximo gobierno, y cuál es el estado que guarda la administración pública en el país. Porque aún cuando seguirá el mismo partido en el poder, es claro que la integración del Gabinete responde a una lógica de poder en la cual se distribuyen cargos, pero sobre todo funciones y responsabilidades políticas, más allá de la responsabilidad institucional, que operan siempre de manera sectorial o incluso transversal, en el Gabinete.
Como ha ocurrido en otras administraciones, habrá quienes se mantengan en sus cargos. En este caso, serán la Secretaria del Bienestar y el Secretario de Hacienda; este tipo de decisiones dan cuenta generalmente de cuáles son las acciones que los gobiernos consideran que no pueden ver interrumpidos sus procesos y curso, y por ello se decide que sigan en su responsabilidad los mismos equipos. Así, las cuestiones financieras del país y la operación de los programas sociales de mayor monto presupuestal del país se mantendrán, al menos de inicio, sin modificaciones sustantivas.
Hay, por otro lado, nombramientos que constituyen cambios al interior del Gabinete dando continuidad a personalidades de la administración anterior. En ese caso estarán quien será la nueva titular de la Secretaría de la Función Pública, Raquel Buenrostro; la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez; la Secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena; así como el nuevo titular de la Cancillería, Juan Ramón de la Fuente. En el caso de Marcelo Ebrard, quien ocupará la Secretaría de Economía, aunque dejó su cargo para participar en la contienda interna de Morena, es un político experimentado que formó parte del gabinete durante cinco años.
Habrá qué cómo se integran al trabajo interinstitucional las y los nuevos secretarios que han sido anunciados como probables titulares de las dependencias del gobierno; y hace falta conocer aún a quiénes serán los titulares de las Secretarías de Marina, Armada de México, y de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Como puede verse, el inicio de gobierno enfrentará una enorme complejidad administrativa, pues aún cuando varias y varios de sus integrantes ya conocen el aparato público, tendrán que adaptarse a la lógica de toma de decisiones de la nueva presidenta de la República; pues aún cuando algunos de ellos conocen su estilo como Jefa de Gobierno, la magnitud y dimensiones de responsabilidad y de las agendas que se deberán atender a partir del 1º de octubre, son mucho mayores a las que se tienen en la capital de la República.
En ese sentido, el éxito del próximo gabinete dependerá también de la eficacia que tenga en su relación con las y los titulares de los gobiernos de las entidades de la República; y en sus capacidades para acompañar a la Presidenta en la adecuada articulación de la República en torno a la visión que tenga y vaya construyendo con el paso de los meses respecto del curso de desarrollo para el país.
Adicionalmente, otro de los ámbitos de mayor complejidad a que habrá de enfrentarse el Gabinete es la coordinación y el trabajo de articulación con los gobiernos locales de las principales zonas metropolitanas del país, donde vive ya más de la mitad de la población nacional, es decir, poco más de 60 millones de habitantes, y donde los retos en todos los ámbitos son mayúsculos: seguridad, acceso a servicios básicos, mantenimiento y construcción de nueva infraestructura, ordenamiento urbano y territorial, conservación del medio ambiente, manejo y gestión del agua, entre otros y múltiples problemas que demandan ser atendidos con urgencia.
Con el paso de los meses se irán haciendo cada vez más evidentes cuáles son los encargos “extra legales” que irá haciendo la Presidenta para darle funcionalidad a su gobierno, lo cual dependerá estrictamente de su estilo personal; y en ello se comenzarán a establecer nuevas fuerzas y tensiones en la relación con el Congreso, pues lo que vendrá enseguida es la definición del presupuesto 2025, el cual estará ya casi determinado por los compromisos y decisiones de la actual administración, por lo que lo esperable será una estructura presupuestal inerciada y con muy estrechos márgenes de maniobra y capacidad de variación en las decisiones que se podrán tomar en los primeros meses e incluso en el primer año de gobierno.
Los escenarios para la nueva administración son complejos. Hasta ahora, la Presidenta electa ha enviado mensajes de mesura y de una idea de un gobierno que apuesta por la experiencia y por la capacidad administrativa; todavía hará falta conocer los nombramientos de las Subsecretarías más relevantes, porque es justo ahí donde se construyen las decisiones operativas; y en ello se juega una buena parte del ejercicio y eficacia del gobierno.
México requiere, sin duda, de un gobierno que además de honesto sea eficaz; que además de tener perfiles profesionales, pueda desarrollar una nueva lógica de coordinación que permita superar la estructura sectorial que se ha mantenido a lo largo de décadas; y la cual permite la distribución del poder en función del peso político y presupuestal, pero no necesariamente en función de una visión integral de gobierno y del desarrollo.
Por el bien de México, lo deseable es, sin duda, que todo lo anterior se logre y que podamos avanzar hacia un país de más libertades; de mayor bienestar; y de plena garantía de los derechos humanos y sociales, de forma universal, integral y progresiva, tal como lo consigna la Constitución. No más, pero nada menos que eso.
Investigador del PUED-UNAM