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Sofía de Robina, secretaria Técnica del Combate a la Tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública, afirmó que la prisión domiciliaria para Brenda Quevedo, quien fue detenida en el 2007 por presuntamente estar vinculada con el secuestro de Hugo Alberto Wallace, llegó 15 años después de su privación a la libertad y tras haber sido torturada.
“Esta decisión llega después de 15 años de estar Brenda privada de la libertad en diversos centros penitenciarios, después de haber sido víctima de tortura y después de que, incluso, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas ya había, desde hace 5 años, señalado la necesidad de que se cambiara la medida cautelar de Brenda”, aseguró en Aristegui En Vivo.
Brenda Quevedo Cruz fue detenida el 28 de noviembre de 2007 en Kentucky, Estados Unidos, y extraditada a México el 25 de septiembre de 2009, por la supuesta comisión de los delitos de delincuencia organizada y privación de la libertad en la modalidad de secuestro.
Quevedo obtuvo el resguardo domiciliario el pasado 24 de junio, además contará con la vigilancia de la policía federal ministerial, usará un brazalete electrónico y tendrá una restricción para salir de la ciudad o para acercarse a la víctima.
“El día lunes se tuvo una audiencia larga, en la que se pudo, por un lado, decretar el cese de la prisión preventiva y posteriormente establecer las medidas diversas, en el caso de Brenda que como ya se refería constituirán en el resguardo domiciliario y la vigilancia que va a tener por parte de policía federal ministerial”, informó.
“Sumado a un brazalete electrónico que deberá ser colocado y cuyos costos serán a cargo de la Fiscalía, que es quien solicitó esta prueba, así como una restricción para salir de la ciudad de México y acercarse a la víctima, esas fueron las medidas”, agregó.
Sofía de Robina argumentó que no se le puede llamar justicia a procesos que llevan tanto tiempo sin llegar a un resultado, ante condiciones adversas que pueden implicar que el caso se alargue.
“Sobre todo, después de la falta de fiabilidad que pueden tener las pruebas en este contexto, después de todas las condiciones adversas que puede implicar para un proceso llevar tantos años y eso, sin duda, es un problema centrar para las personas que están sujetas a proceso, pero también para la exigencia general de justicia incluso para las víctimas. No podemos llamar justicia a procesos que lleven tanto tiempo sin llegar a un resultado”, agregó.
La secretaria técnica del Combate a la Tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública añadió que en la etapa de la detención de Quevedo, así como en la de Israel Vallarta, detenido desde 2005 por delitos de delincuencia organizada y secuestro, ocurrían muchas detenciones arbitrarias, así como casos de tortura por parte de las autoridades.
“Todavía hay inercias que no permiten que criterios tan relevantes que se han tenido con otros juzgadores o que instancias internacionales han valorado, permeen todos los asuntos y permitan revisar casos como estos que vienen de un periodo que todos recordamos en donde en esos años donde ocurrieron las detenciones, tanto de Israel como de Brenda, era común las detenciones arbitrarias, la tortura y estas permean a la fecha en tanto sigan estos procesos vigentes”, añadió.
Ve la entrevista completa:
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