La llegada de una mujer a la Presidencia de México está lejos de reflejar la realidad que vivieron cientos de mujeres obligadas a renunciar a sus candidaturas debido a presiones de hombres reticentes a que ellas asuman cargos de decisión importantes.
En el reciente proceso electoral la alerta la dio Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), cuando reveló que 217 mujeres renunciaron a sus candidaturas en Zacatecas. La mayoría de ellas argumentó que se hicieron a un lado por “cuestiones personales”, salud o desarrollo profesional. Muy pocas reconocieron públicamente que fueron presionadas o las utilizaron para “apartar” los lugares que después podrían darles a otras personas.
Presidenta fundadora de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad de la República Mexicana, Josefina Meza Espinosa expone: “No somos bienvenidas en la toma decisiones públicas. Lo que buscan son mecanismos para demostrar que no están contentos. Los mensajes más claros son los asesinatos de dos candidatas”. Ellos quieren manejar aún el tema de la paridad, agrega.
La red contactó a las mujeres zacatecanas y “vimos que los motivos no eran tan personales. Uno de los principales es que no les dieron dinero para sus campañas”. Si querían seguir en la contienda, ellas tenían que financiarse.
También “hubo una cerrazón de espacios para las mujeres que sí tienen liderazgo, pero al hacer las coaliciones, quienes tomaron las decisiones fueron los señores”.
El tema lo tomó Humphrey en el INE. Lo expuso en un consejo general y lo dejó por escrito. También lo abordó en una mesa de consejeros electorales donde solicitó que la prueba piloto de la defensoría que impulsó le diera seguimiento. Explica la consejera en entrevista:
Fue una nota que no cayó nada bien por allá. Nos criticaron a mí y a una colega el secretario de Gobierno (de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza) e incluso nuestro propio vocal ejecutivo. Su argumento es que fue dentro del plazo de renuncias. Pero llamó la atención el número.
Las renuncias debían ser ratificadas por las afectadas para informarlas de sus derechos. Entre las causas que argumentaron están que fueron registradas sin su consentimiento, por cuestiones personales, para cambiarse de un partido político, por cuestiones de inseguridad, de salud, de estudios, no tener tiempo, cuestiones laborales, no ser de su interés participar porque se habían registrado sólo para que el partido pudiera apartar el lugar mientras decidía quién sería la candidata, o porque al final el partido no respetó los acuerdos.
La prueba piloto de defensoría en el INE detectó tres casos que pudieron constituir violencia política en razón de género porque las obligaron a renunciar. Se acercaron dos de ellas y el instituto les ofreció asesoría, pero no quisieron presentar la queja. Los casos no se pueden seguir de oficio.
Detrás de la negativa para formalizar la denuncia puede estar el mismo sistema de violencia política en razón de género. Dice la consejera: “Puede ser que haya afectaciones que no conozcamos; por ejemplo, que estén amenazando a la familia, a su entorno laboral, o puede haber alguna otra consecuencia que no estemos viendo”.
Chiapas es otro estado que se suma a la alerta nacional por las 515 renuncias en este proceso electoral, de las cuales 280 fueron de mujeres, por causas similares a las de Zacatecas. La consejera Humphrey explica que investigan si hubo presiones o causas de violencia política en razón de género.
Por motivos de inseguridad también hubo renuncias. Fueron 29; 12 de hombres y 17 de mujeres. Los partidos en los que hubo más deserciones fueron el Verde Ecologista, con 85; Morena, 80, y como coalición, dos; del Trabajo, 58; Chiapas Unido, 55; Redes Sociales Progresistas Chiapas, 42; Encuentro Solidario Chiapas, 41; coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, 41; el PRI, 32; Podemos Mover Chiapas, 20.
La mayor parte de las renuncias fueron en las candidaturas a ayuntamientos y en algunos casos hubo desplazamientos forzados. Incluso, se aprobó una solicitud de 100 casos para instalar una casilla extraordinaria, dado que muchas personas no pudieron regresar a sus domicilios a votar. Humphrey expone:
Hemos visto que en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia de Género, las mujeres más violentadas siempre están a nivel municipal, es en 70, 73% de los casos.
La mayor preocupación está en los estados donde no se registran casos, “porque quiere decir que ahí pueden estar amenazadas para no denunciar o pueden no estar claramente difundidos cuáles son los medios para denunciar”, explica.
“Es que no nos dejan…”
Oaxaca, Veracruz y Tabasco es donde hay más registros de más personas que han cometido violencia política en razón de género.
Las denuncias y ratificaciones son un obstáculo para que las autoridades electorales den seguimiento, y quienes lo hacen también enfrentan que las hagan a un lado. “Las que ya renunciaron pues ya no tienen esos derechos políticos y electorales: firmaron un documento”, dice.
En el Estado de México también hay casos similares, asegura Josefina Meza. “Cuando se trata de los derechos de las mujeres y de la participación política de nosotras ahí sí se ponen de acuerdo los de todos los partidos, ahí sí sus diferencias ideológicas desaparecen”, denuncia.
La violencia no deja de ser otro aspecto que les preocupa. “En el fondo es un sistema patriarcal; incluso, el tema de inseguridad es el producto de relaciones sociales instaladas por hombres que por poder son capaces de matarse entre sí. Todo el origen es el sistema patriarcal de partidos políticos que está a punto de colapsar, pero que se detiene como por alfileres, se reinventan, se reacomodan. Han construido casi todas las leyes, reglas que ellos se autoimpusieron”.
Quienes se han resistido a este sistema son las mujeres, sobre todo las legisladoras que han impulsado medidas en favor de su género, pero que han sido relegadas y “castigadas”.
La consejera Humphrey recuerda una anécdota en la que notó que estas imposiciones las alcanza a casi todas.
“Cuando planteamos y aprobamos el primer acuerdo de paridad en gubernaturas, recuerdo que el consejero presidente –dice en alusión a Lorenzo Córdova– en ese momento me decía ‘Carla, es que los senadores –los hombres– están infartados con tu acuerdo, quieren hablar con nosotros’. Y yo, perfecto, pues qué nos van a atropellar, linchar, colgar o qué.
“Empecé a buscar senadoras que quisieran estar en la reunión –a distancia, porque estábamos en pandemia–. Me respondieron que no podían, que ya tenían otro compromiso, lo que sea. La quinta me dijo: ‘Carla, es que no nos dejan meternos en ese tema’. Estoy hablando de Senado.
“Evidentemente eso es violencia política en razón de género: ‘No nos dejan, nos bajan de la comisión que presidimos, no nos van dar el presupuesto para lo que estamos nosotras queriendo promover, no vamos a poder presentar la iniciativa, no nos van a apoyar para tal cosa’”.
En el caso de las diputadas federales, agrega la consejera electoral, “vemos mujeres que han sido muy valientes y que han apoyado todos los temas de paridad. Ninguna de ellas fue postulada para reelegirse como diputadas. Eso pasó en todos los partidos. Es un tema muy grave porque esta violencia es muy difícil de comprobar y denunciar. Hablamos de diputadas federales y senadoras que tampoco denuncian”.
Meza coincide en que se debe dar seguimiento a lo que ha pasado “con las mujeres que valientemente en legislaturas anteriores del Congreso de la Unión han dejado huella, como la paridad en todo 2019, que fue posible porque muchas mujeres se pusieron de acuerdo”.
Ellas, “las que se atrevieron”, ahora “no están ocupando ningún espacio en estos momentos y las que sí lo están ocupando y se fueron con el gobierno en el poder (Morena) están mudas, calladas, están silenciadas ¿Por qué? Porque no conviene oponérsele al sistema y entonces las mujeres que renunciaron a las candidaturas en sus partidos nos dicen ‘si yo hago una denuncia pública en estos momentos, si mi partido gana, no me van a dar trabajo ni de secretaria y, entonces, todos los años de militancia en mi partido se van a ir por el caño’”.
Acuerdos por la paridad de género
Hay legislaciones, acuerdos y lineamientos para la paridad que podrían ser una realidad. La consejera Humphrey enlista algunos:
El primero es el factor numérico, lo cual no debe ser negociado con los hombres, quienes, con ambigüedades e interpretaciones, pueden hacer retroceder estos derechos. Los cargos también deben ser estratégicos, como presidencias de comisiones, dice.
También está la reforma “8 de 8”, por la cual se puede cancelar el registro de candidaturas federales cuando haya sentencia firme por la comisión de alguno de los ocho supuestos de violencia de género: comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, cuando afecte el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, violencia doméstica, violación a la intimidad sexual, violencia política y ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. Además de quedar en el registro de sentencias.
Para el financiamiento lo importante es dar vista en cuanto ocurra alguna violación a la norma porque el INE sólo fiscaliza una vez concluidas las campañas. Sin denuncia, la irregularidad no se pueda monitorear y revertir.
Enseguida repara en lo complicada que puede ser la denuncia de una mujer en un país con 92% de impunidad, “qué mujer va a tener una sentencia para impedir que un violentador ocupe un cargo. Dos, nuestro sistema penal acusatorio es anacrónico y no todo acaba por sentencia y no todo es delito”.
“Hay que decirlo también claramente: los partidos son muy creativos a la hora de ver cómo violentan los temas de paridad, los temas de acceso de las mujeres a los espacios públicos; así que estamos muy alertas para prevenir cualquier tipo de práctica”, dice Humphrey, quien ha sido consultora nacional de ONU Mujeres.
Josefina Meza, sobreviviente de distintas formas de violencia, incluida la política, asegura que la llegada de una primera presidenta a México habla de “cómo pudimos por fin derribar la hegemonía patriarcal. Estamos en 2024, por pura rebeldía ya es positivo que gobierne una mujer. Vamos a romper este techo de cemento y eso sí tiene que reconocerse y gritarse a los cuatro vientos. Después de que tome protesta, seguramente es empezar a escribir de otra manera la historia”.
La nueva jefa del Ejecutivo federal, advierte Meza:
Tiene paquetazo, carga con un sinfín de hombres innombrables, sus acciones los hace impresentables, se visten de otra playera y luego ya se asumen los redentores cuando son lo mismo de un sistema caduco, de un sistema que ya rechazamos. Necesitamos que las mujeres estemos en el poder y que verdaderamente tengamos poder, que nos podamos sentar a las mesas donde se toman las decisiones.
Meza hace un llamado a acompañar a la nueva presidenta, pero también a exigirle porque, finalmente, “ha sido una lucha en las calles, en la academia, ha sido luchas de miles de mujeres y de muchas que perdieron la vida por este movimiento, porque los feminismos han logrado abrir las puertas para que las mujeres hagamos muchas cosas que antes estaban totalmente prohibidas para nosotras”.
Reportaje publicado en la edición 0012 de la revista Proceso, correspondiente a junio de 2024, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.