Las campañas llegan a su fin este miércoles, en un proceso electoral que ya es considerado como el más violento de la historia del país y en el que el amplio control territorial de las organizaciones criminales en algunos estados del país ha jugado un papel fundamental, advierten expertos y analistas.
Organizaciones civiles, consultoras y el gobierno difieren en las cifras de la violencia. De acuerdo con la consultora Integralia se han registrado 34 asesinatos de aspirantes, en tanto que Data Cívica registra 30 homicidios y DataInt 39.
En la conferencia matutina del martes, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que durante el actual proceso electoral solamente se han producido ocho homicidios de candidatos registrados oficialmente ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
Agregó que también se han contabilizado cuatro homicidios de precandidatos y 10 más de personas que aspiraban a un cargo de elección popular, pero que no estaban registrados oficialmente ni ante los partidos ni ante el INE . En total, el gobierno reconoció 22 asesinatos en el actual proceso electoral.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que más de 30 candidatos hayan sido asesinados y dijo que “los medios de manipulación” difunden estas cifras, las cuales no corresponden a los datos oficiales.
Al ser cuestionado sobre si había posibilidad de que alguno de los asesinatos no haya sido registrado, López Obrador aseguró que no y que “no hay cifra negra” en los casos de homicidio.
Para Javier Oliva, profesor-investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “el escenario es muy complejo porque la presencia de un grupo criminal, por ejemplo, en el estado de Jalisco, no es del mismo peso que puede tener en el estado de Sonora”.
Además, apuntó que la relación condicionante entre un grupo criminal y un partido político determinado “puede cambiar de municipio a municipio (…) como parte de una dinámica de alianzas y de imposiciones a nivel local”, pero descartó que haya “una línea homogénea, es decir, un partido no es que esté aliado con una organización criminal en todo el país”.
Por su parte, Eunice Rendón, exfuncionaria del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno federal, señaló que hay estados y regiones en México “que están más a la ‘buena de Dios’ y puso como ejemplo a Chiapas “un territorio que cada vez está más lejos de la autoridad, que ha perdido la gobernabilidad en varios de sus municipios”.
Lo mismo, dijo, que en Zacatecas, Tamaulipas, Guerrero y Michoacán, Veracruz y Guanajuato “son estados donde el crimen ha ido ganando mucho territorio y tiene estos esquemas o este tipo de comportamientos”.
Rendón indicó que en los últimos años “la extorsión ha tomado diferentes dimensiones, ya no es nada más la extorsión, sino que ahora hay una extorsión del “cobro de piso” (a empresas, negocios y comercios) y cobro de paso (migrantes y familias) y extorsión con productores en el país, en donde los criminales ponen precios a los productos”.
El pasado 15 de mayo, sacerdotes de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, indicaron que en algunas regiones del estado, que en los últimos meses y semanas han resultado afectadas por la violencia, inseguridad o que son controladas por grupo del narcotráfico, “no había condiciones para celebrar las elecciones del 2 de junio”.
Sobre si la respuesta del Gobierno mexicano, mediante la militarización, se ha quedado corta, Oliva señaló que “a nivel de los gobiernos de los estados ha habido poco compromiso o por ignorancia o por ineptitud, no quiero decir por complicidad”.
La Secretaría de Marina informó el martes que 553 candidatos cuentan con protección federal, además de siete funcionarios electorales, escoltados por un total de 3,474 elementos de las Fuerzas Armadas.
El Gobierno ha desplegado a 27,245 agentes de seguridad para realizar patrullajes y hacer presencia disuasiva frente a la criminalidad.
El próximo 2 de junio, México celebrará las elecciones más grandes de su historia, con 98 millones de electores convocados a renovar más de 20,000 cargos.
(Con información de EFE y Aristegui Noticias)