Por Ross Barrantes: Abogada Constitucionalista
Cuando hablamos de tortura, no estamos haciendo referencia a la conocida canción de Shakira y Alejandro Sanz. La tortura es un delito de lesa humanidad que no puede ser subestimado ni trivializado. Es un acto de crueldad extrema que viola los derechos humanos más fundamentales y debe ser tratado con la gravedad que merece. La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es un marco legal crucial en esta lucha, estableciendo la prohibición total de la tortura en cualquier circunstancia y la obligación de los Estados de prevenirla y castigarla.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado esta prohibición y ha destacado la responsabilidad de los Estados en proteger a las personas contra la tortura. La tortura y los tratos denigrantes son prácticas inaceptables que vulneran los derechos humanos fundamentales. En América Latina, estas violaciones continúan ocurriendo a pesar de los esfuerzos por erradicarlas.
La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es un instrumento clave en la lucha contra estas prácticas aberrantes. Esta Convención, ratificada por muchos países de la región, establece claramente la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en todas las circunstancias.
La jurisprudencia de la CIDH ha reafirmado repetidamente esta prohibición y ha destacado la obligación de los Estados de prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de tortura y tratos denigrantes. Un ejemplo paradigmático es el caso de Azul Rojas Marín, donde la CIDH determinó que Perú fue responsable por la tortura y la violencia sexual contra una persona LGBTIQ+ en 2008.
A pesar de esta sentencia histórica, la implementación de las medidas ordenadas por la CIDH ha sido insuficiente. El Estado peruano no ha cumplido la mayoría de las reparaciones ordenadas, incluida la asistencia médica y psicológica a la víctima, la investigación efectiva de los hechos y la capacitación en derechos humanos para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Es imperativo que los Estados latinoamericanos fortalezcan sus mecanismos de prevención y protección contra la tortura y los tratos denigrantes. Esto incluye la adopción de protocolos claros para la investigación y sanción de estos delitos, así como la capacitación continua en derechos humanos para todos los agentes del Estado.
Además, es fundamental establecer mecanismos efectivos de supervisión y monitoreo en lugares de detención y custodia, con el fin de prevenir la impunidad y garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad.
En un momento en que los derechos humanos están siendo desafiados en todo el mundo, es crucial que América Latina refuerce su compromiso con la justicia, la igualdad y la dignidad para todos. Solo a través de acciones concretas y coordinadas, podemos garantizar que la tortura y los tratos denigrantes sean erradicados por completo de nuestra región. Esto no solo protegerá los derechos de las víctimas individuales, sino que también fortalecerá el tejido social y democrático de toda la región.