El ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció a favor del juicio de amparo, el cual ha sido la vía efectiva para proteger los derechos de las personas frente a la actuación arbitraria e indebida de la autoridad, afirmó.
Para el ministro el juicio de amparo es el pilar fundamental para garantizar y proteger la integridad, la libertad, la igualdad, la seguridad, la propiedad y los demás derechos que prevé nuestro sistema jurídico.
En un comunicado, Pérez Dayán señala que es responsabilidad y tarea de todos y todas proteger el juicio de amparo en su integridad, a fin de evitar que este medio de defensa sea debilitado o traicionado por algún grupo de la Legislatura.
Al inaugurar la quinta sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, que se realizó en Mérida, Yucatán, el ministro manifestó que la protección que ha otorgado el juicio de amparo no hubiera podido tener lugar, si no hubiera ido acompañado de una suspensión que permitiera preservar el derecho protegido por el propio medio de defensa, pues se asegura la tutela preventiva de los derechos e intereses colectivos y difusos, principalmente, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, cuyo cumplimiento y exigibilidad constituye una obligación humana a cargo del Estado mexicano.
“¿Acaso la existencia de un juicio, cuya finalidad es proteger los derechos humanos, realmente defenderá y protegerá nuestro futuro y el de nuestras generaciones, si quienes lo tramitan no pueden impedir que una actividad que impacta negativamente en él, se detenga?, ésta es una interrogante principal que nos envuelve con un gran dilema: la suspensión con efectos generales, es fundamental para defender los intereses legítimos reconocidos por la Constitución federal”, añadió.
Pérez Dayán recordó que fue en 1841, en Yucatán, cuando se dictó formalmente la primera regulación constitucional en la materia.
El también presidente de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional confió que en esta quinta sesión será una gran oportunidad para reflexionar a profundidad sobre los problemas de seguridad y justicia que aquejan a nuestro país, así como, explorar posibles rutas de acción para atajar todos los retos a los que enfrentan los mexicanos.
En esa quinta sesión el ministro convocó a más de 240 personas operadoras del sistema de seguridad y justicia de Yucatán, Quintana Roo y Campeche.
Explicó que las 20 mesas que conforman este foro abordarán como ejes temáticos si existe un acceso real y efectivo a servicios legales de calidad y si esto se involucra en un enfoque de derechos humanos; diversas problemáticas de la seguridad pública que sean propias de las entidades federativas participantes.
Así como se abordarán las problemáticas de la seguridad pública cuyo eje central siempre será dar cara a los derechos de las víctimas del delito, considerando cuáles son las obligaciones de las autoridades públicas en la persecución y sanción efectiva de quienes las transgreden.
Además, el funcionamiento del sistema nacional de impartición de justicia y la estructura institucional que lo soporta; y, por último, el funcionamiento del Poder Judicial, local y federal, considerando su calidad, su disciplina y su independencia, y los resultados que debe dar.
