En sesión de casi cuatro horas la mayoría de Morena y aliados aprobó en la comisión de Justicia los dictámenes para dar facultad de amnistía al presidente López Obrador y para limitar los efectos de suspensión al juicio de amparo.
Con 19 votos a favor y 14 en contra, aprobó el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo,.
La adecuación estipula que tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso, las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales.
Además, elimina el último párrafo del artículo 129, el cual establecía que: “El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social”.
Al respecto, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena) señaló que esta reforma es el comienzo de una transformación judicial, es un apéndice que busca una real división de poderes para que los jueces no tomen una atribución que es única de la Suprema Corte de Justicia, que es suspender con efectos generales una norma general cuando un poder demanda a otro poder, la inconstitucionalidad de una legislación.
La diputada María Fernanda Félix Fregoso (MC) mencionó que su voto sería en contra, pues esta reforma da permiso a las autoridades a vulnerar derechos y generar abusos de autoridad.
Indicó que estas adecuaciones quitan al Poder Judicial la facultad de decisión, lo cual deja desamparada a la ciudadanía.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) dijo que las modificaciones a la Ley de Amparo nada perjudican ni afectan el objetivo por el cual fue fundado el juicio de amparo; además, se respetan los derechos humanos y se da certeza plena a la división de poderes.
La diputada Paulina Rubio Fernández, del PAN, expuso que esta adecuación normativa elimina un párrafo del artículo 129, el cual indica que “El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social”, por lo que se limita al Poder Judicial para que pare a la autoridad cuando contraviene con el interés social.
Por el PT, el diputado Ángel Benjamín Robles Montoya indicó que el cambio a la ley no trastoca la generalidad del juicio de amparo, únicamente trasciende a la figura de la suspensión reclamada y tampoco representa una limitante para los gobernados. “Lo que se busca es poner fin al abuso de jueces que a través de la suspensión prácticamente abrogan leyes expedidas por el Congreso mexicano”.
La diputada del PRI, Sue Ellen Bernal Bolnik, agregó que el juicio de amparo es un medio de control constitucional que tiene como premisa proteger los derechos humanos y es por ello que la reforma planteada transgrede el principio de progresividad, ya que los jueces jurisdiccionales no podrán decretar la suspensión de leyes generales reclamadas en un juicio de amparo cuando su entrada en vigor pueda traer prejuicios de orden social.
Hamlet García Almaguer, diputado de Morena, subrayó que esta adecuación constitucional es un paso hacia la próxima reforma judicial, la cual será de gran calado al permitir tener un Poder a la altura de las necesidades del país.
Amnistía de manera directa
Las y los integrantes de la Comisión aprobaron con 19 votos a favor y 14 en contra, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 9° a la Ley de Amnistía, a fin plantear que el Poder Ejecutivo Federal podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa y extinguirá las acciones penales impuestas
Con esta adecuación, se faculta a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal para que, de manera exclusiva, otorgue el beneficio de la amnistía de manera directa, sin estar sujeto al procedimiento establecido, cuando las personas reúnan elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano.
Además, cuando en contra de la persona o personas a las que se conceda la amnistía, se haya ejercido la acción penal, estén siendo procesadas o se encuentren sentenciadas por cualquier delito.
En este sentido, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) explicó que esta reforma tiene la finalidad de evitar trámites burocráticos y dar a la ciudadanía el derecho a saber la verdad sobre acontecimientos relevantes para el país. Aclaró que no se violenta ningún derecho humano, porque lo que busca es terminar con la impunidad y otorgar justicia y la reparación del daño a las víctimas.
El diputado Guillermo Octavio Huerta Ling (PAN) expresó estar en contra de la minuta porque es otorgar impunidad, perdón y olvido a delincuentes y a corruptos. “Cuando ya existe el criterio de oportunidad en la ley, por qué no mejor lo revisamos y se amplía, en vez de conceder estas facultades”.
El diputado Robles Gómez afirmó que esta reforma da acceso a la justicia y a la verdad a la ciudadanía en temas relevantes y con ello romper los pactos de silencio e impunidad al poner énfasis en las víctimas.
La diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) externó que el presidente no tiene facultades de investigación y con esta reforma están poniendo en un solo poder los tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. “Por supuesto que esta no es una reforma sencilla, al contrario, es gravísima y no beneficiara a cualquiera que lo solicite”.
Por el PVEM, la diputada Lilia Villafuerte Zavala comentó que la facultad de amnistía siempre la han tenido el Ejecutivo Federal y los gobiernos estatales y la utilizan de manera prudente en los casos que los ameriten, por lo que, si la nación está interesada en el esclarecimiento de un acontecimiento, el Jefe del Ejecutivo puede extinguir acciones penales y sanciones impuestas.
El diputado Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez (PAN) indicó que con estas modificaciones se amplía la capacidad del Ejecutivo Federal para dar amnistía en todos los delitos, lo cual representa una “absoluta locura”.
Antonio de Jesús Madriz Estrada, diputado de Morena, detalló que la reforma de amnistía no es para todos los servidores públicos, por lo que su voto sería a favor.
De MC, el diputado Álvaro Jiménez Canale manifestó que el Ejecutivo Federal puede presentar iniciativas y el Legislativo tiene la oportunidad de juzgar. “Aquí estamos para discutir, aprobar las leyes que creemos convenientes para el país; por ello, es necesario convocar a un parlamento abierto a constitucionalistas y organizaciones en materia de derechos humanos para analizar la iniciativa”.
Por PVEM, la diputada María De Lourdes Macías Martínez expuso que esta reforma representa un paso importante para que la ciudadanía conozca la verdad histórica de muchos acontecimientos, lo cual contribuirá a terminar con la impunidad. Enfatizó que la amnistía no es para todos, sino para casos relevantes.
La diputada María Fernanda Félix Fregoso (MC) comentó que el presidente le dice a la gente por quien votar sin que ellos averigüen quién es el candidato. “No importa quién sea, no más palomeen todo lo que dice Morena; entonces, creo que quien olvida su historia tiende a repetirla y es el lo que está pasando actualmente”.
La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN) consideró que este cambio a la ley requería mayor análisis, pues se fortalece al Poder Ejecutivo y se deja a la discreción del mismo la relevancia de los asuntos bajo la premisa de “el Estado soy yo”, lo cual genera impunidad y viola derechos humanos de las víctimas y la división de Poderes, porque claudica las facultades del Congreso.
Del PT, el diputado Ángel Benjamín Robles Montoya se pronunció a favor de este dictamen, toda vez que tiene como premisa conocer la verdad; aclaró que la figura de la amnistía no es ilimitada ni abierta porque se condiciona a que las personas no hayan sido sentenciadas por conductas que se encuentran en la ley.
El análisis
El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, habló esta mañana sobre la propuesta de reforma a la Ley de Amnistía, asegurando que, desde su interpretación, el argumento del Gobierno en función, de que busca principalmente del esclarecimiento del caso Ayotzinapa, no corresponde con el decreto presentado. Cossío sostuvo que, si en verdad fuera para aplicarse en este caso, había otros recursos anteriores a reformar esta ley.