CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no investiga, aún, al ministro en retiro Arturo Zaldívar por la denuncia anónima remitida por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) con la que se iniciaron indagatorias contra sus excolaboradores y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF).
El pasado 12 de abril Proceso informó que la ministra presidenta, Norma Piña, instruyó a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) del CJF investigar a Carlos Alpízar, exsecretario General de la Presidencia del Consejo; Edgar Manuel Bonilla del Ángel, actual titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles; y a Netzaí Sandoval, exdirector del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) y actual coordinador de la ponencia de la ministra Lenia Batres.
Así como a algunos juzgadores actualmente en activo, quienes fueron denunciados de manera anónima de confabularse con Zaldívar para favorecer “intereses personales y de terceros” en el manejo de los asuntos que se ventilan en el PJF.
En el acuerdo del 9 de abril pasado dictado en el expediente de investigación J/1087/2024, la ministra presidenta del CJF, Norma Piña, señaló que en el caso de Zaldívar, al tratarse de un ministro en retiro, los señalamientos en su contra no competen al Consejo sino a la SCJN, por lo que ordenó remitir copia de la denuncia al Máximo Tribunal para que éste determine lo conducente.
Esta casa editorial confirmó que el 10 de abril siguiente, la Secretaría General de Acuerdos de la Corte acumuló la denuncia contra Zaldívar al expediente iniciado en febrero de 2023 con la consulta a trámite número 1/2023 planteada por la ministra presidenta, Norma Piña, para que el Pleno determine el procedimiento a seguir para atender las denuncias o quejas contra los ministros.
Ese expediente fue iniciado luego de que la Corte recibió 626 denuncias contra la ministra Yasmín Esquivel, quien fue señalada en diciembre de 2022 —en pleno proceso de renovación de la presidencia del Máximo Tribunal— de supuestamente plagiar su tesis de licenciatura en la década de los 80.
El asunto se encuentra en la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien debía instruir a Piña qué trámite debe seguir en el caso Esquivel debido a que la normatividad interna de la Corte no establece claramente cómo procesar las denuncias presentadas contra una ministra en funciones por hechos que no ocurrieron durante su nombramiento en la SCJN.
“Se consulta al Pleno de la Suprema Corte la vigencia de los artículos 25, párrafo primero y demás aplicables del Acuerdo General Plenario 9/2005, para efectos del trámite que debe seguirse en relación con los diversos oficios por los cuales el titular de la UGIRA remite diversas denuncias formuladas contra una persona integrante del Pleno de la Suprema Corte, y respecto de diversos escritos de denuncia relacionados”, señaló la ministra Piña.
El 31 de mayo de 2023, Proceso informó que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ya elaboró el proyecto de resolución de esa consulta a trámite en el que señaló que la Corte sí puede investigar las denuncias presentadas contra Esquivel Mossa.
Según el proyecto, la UGIRA será la encargada de revisar las denuncias contra la ministra y realizará un informe que posteriormente deberá entregar a la ministra presidenta para que determine si procede o no iniciar procedimiento disciplinario contra Esquivel.
De iniciar procedimiento, quedará a cargo de la Contraloría de la Corte ante la cual los denunciantes y la propia Esquivel podrán presentar pruebas y formular alegatos.
Así, la Contraloría emitirá un dictamen para que el Pleno determine si la sancionará o no, en caso de encontrar irregularidades administrativas.
El proyecto será discutido en sesión privada del Pleno, sin embargo, hasta el momento los ministros no han programado fecha para el debate del mismo, por lo que las denuncias y quejas que sean presentadas contra cualquiera de ellos se acumulan al expediente iniciado por el caso contra Esquivel Mossa.
Al haberse acumulado a ese expediente, en el cual todavía no hay una resolución, la Corte no ha determinado aún si inicia una investigación contra Zaldívar Lelo de Larrea.
Zaldívar también investigó denuncias anónimas
Luego de darse a conocer la existencia de la denuncia anónima contra Zaldívar, el ministro en retiro señaló que la admisión a trámite de ésta sin pruebas es inédita y “muy grave”, y acusó a la ministra presidenta, Norma Piña, de tener intereses electorales con el inicio de las investigaciones contra sus excolaboradores.
Proceso confirmó que el inicio de investigaciones en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) derivadas de denuncias anónimas, no es algo exclusivo de la administración de Norma Piña.
Fuentes judiciales confirmaron que desde el año 2018, al final de la administración del entonces ministro presidente Luis María Aguilar Morales, el CJF inició 11 investigaciones contra integrantes del PJF derivadas de denuncias anónimas, nueve de ellas contra personal jurisdiccional (jueces, magistrados, secretarios de acuerdos).
Esto, debido a que la UGIRA, unidad encargada de iniciar esas investigaciones, entró en funciones el 1 de diciembre de 2017.
Arturo Zaldívar inició su presidencia en la Corte y el CJF en enero de 2019 y culminó en enero de 2023. Desde su llegada al más alto puesto dentro del PJF anunció el inicio de una lucha anticorrupción y una afrenta total a los casos de nepotismo y tráfico de influencias dentro de los órganos jurisdiccionales.
Durante su administración, las denuncias anónimas derivaron en el inicio de 283 investigaciones en total.
El año en el que más investigaciones inició la UGIRA, fue en 2021 con un total de 138, de las cuales 127 fueron contra personal jurisdiccional.
Desde que Norma Piña asumió la presidencia, en enero de 2023, como sucesora de Zaldívar, se ha dado inicio a 68 investigaciones derivadas de denuncias anónimas, 56 de ellas ingresadas durante el año pasado, de las cuales 40 eran contra personal jurisdiccional.
De acuerdo con la normativa interna del PJF, el comienzo de estas investigaciones no necesariamente implica el inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa o la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) pues, para ello, la UGIRA debe realizar un dictamen en el que determine si existen o no suficientes pruebas para continuar cualquier clase de trámite.