La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó un proyecto de resolución de la ministra Yasmín Esquivel que proponía sobreseer o desechar, un amparo presentado por la Fundación para la Justicia en contra de Declaración Conjunta entre México y Estados Unidos, emitida el 7 de junio del 2019, para controlar el flujo migratorio proveniente de otros países con el apoyo de la Guardia Nacional y el retorno a territorio mexicano de los migrantes extranjeros que logren cruzar la frontera para solicitar asilo en la Unión Americana, política conocida como “Tercer País Seguro”.
Por cuatro votos contra uno, la Segunda Sala de la Suprema Corte rechazó el proyecto de sentencia presentado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa y reasignó el expediente del caso al ministro Javier Laynez Potisek para que se presente un nueva propuesta de resolución.
La determinación que tomó la Segunda Sala de la Corte este 11 de octubre no entró al fondo del asunto, pero sí prevé analizar si una organización civil como la Fundación para Justicia tiene interés legítimo para promover un amparo que impugne la decisión que tomó el gobierno de México para recibir a migrantes no mexicanos que han solicitado asilo en Estados Unidos, con base a una “declaración conjunta” y sin control legislativo o judicial.
Además, la Fundación para la Justicia solicitó mediante este juicio de amparo que el gobierno de México adopté un protocolo o documento que reconozca los derechos de las personas migrantes que hayan solicitado asilo en Estados Unidos y hayan sido enviadas a México para esperar su trámite.
Sin embargo, la ministra Esquivel Mossa argumentaba que la citada Declaración Conjunta y su anexo constituían un acto de política exterior, por lo que era competencia del Poder Ejecutivo y del Senado de la República.
Además, la ministra Esquivel Mossa proponía que al desecharse el amparo de la Fundación para la Justicia, y por lo tanto, determinar que la Declaración Conjunta de México y Estados Unidos no se podía impugnar, se caía en una contradicción de tesis entre la Primera y la Segunda de la Suprema Corte sobre la legitimidad jurídica de las organizaciones sociales para impugnar las políticas migratorias del gobierno mexicano para frenar a los migrantes extranjeros que ingresan a nuestro país para tratar de ingresar a suelo estadounidense.
La Fundación para la Justicia había denunciado días antes que el proyecto de sentencia ya desechado dejaba en “estado de indefensión” a las organizaciones que presentan amparos para la protección de los migrantes al elevar el estándar de prueba que había imposible acreditar violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes.
Además, calificaba la resolución como un “fraude a la Constitución” por no analizar el fondo del juicio de amparo y dejar vigente una política migratoria acordada de forma directa por las autoridades mexicanas con el gobierno de Estados Unidos, sin que exista control legislativo o judicial sobre las mismas.
Cabe señalar que de acuerdo con estadísticas oficiales, México es uno de los países más violentos e inseguros del mundo, con más de 30 mil homicidios por año, 110 mil personas desaparecidas y una alta percepción de inseguridad, fenómenos delictivos que afectan a los migrantes extranjeros que atraviesan nuestro país. A pesar de ello, el programa migratorio conjunto declara a nuestro país como “tercer país seguro” para los solicitantes de asilo.