Representantes de seis organizaciones de derechos humanos exigieron este jueves la derogación del régimen de excepción en El Salvador, por las miles de denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos y las más de 240 muertes que se han registrado en cárceles del país bajo custodia de agentes del Estado.
Entre el 27 de marzo de 2022, cuando comenzó la medida aprobada por la Asamblea Legislativa a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas, al 15 de marzo del presente año las organizaciones registran 6,305 denuncias de violaciones a derechos humanos con 16,289 hechos o afectaciones.
Los datos fueron dados a conocer este jueves y son parte de un informe presentado por el segundo año de la implementación de la medida de excepción, que hoy por hoy se ha convertido en la única y principal medida de seguridad del Gobierno.
El informe ha sido elaborado por Cristosal, el Servicio Social Pasionista, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, la organización Amate y la Fundación de Estudios para la Aplicación de Derechos (Fespad).
La directora del Idhuca, Gabriela Santos, señaló que el régimen de excepción es “una burbuja insostenible que nos da por un tiempo esta sensación de seguridad pero que en el fondo, por el carácter inmediato y represivo, no da para más”.
“Criminalización” a defensores y juventud
Nataly Paz, de la Red Salvadoreña de Defensoras, expresó que el régimen de excepción “pueda ser utilizado o ya está siendo utilizado” para “criminalizar” la labor de activistas por los derechos humanos, periodistas y líderes comunitarios.
Señaló que se han documentado al menos 34 casos de detenciones de defensores de diferentes sectores que incluye ambientalistas, sindicalistas, liderazgos comunitarios y defensores de los derechos LGTBIQ+.
Las capturas de liderazgos comunitarios preocupan porque conllevan una desarticulación de toda la organización comunitaria.
Añadió que de los casos documentados unos 23 corresponden a mujeres defensoras de derechos humanos.
Rina Monti, de Cristosal, señaló que en dos años de la implementación de la medida “persiste la criminalización de la juventud, lo que ha venido aumentado”.
“Vemos con mucha preocupación la criminalización de jóvenes en sectores particularmente empobrecidos y estigmatizados, lo que los convierte en un blanco predilecto para detenciones”, dijo.
Monti indicó que más de 50% de las personas detenidas son jóvenes de entre 19 y 30 años, y alertó sobre el incremento de capturas de adolescentes de 13 a 18 años.
Apuntó que como organizaciones han computado 203 denuncias de detenciones de adolescentes.
Hacinamiento carcelario
De acuerdo con las ONG, en las cárceles de El Salvador habrían aproximadamente 109,519 personas privadas de libertad, entre los detenidos antes de la implementación del régimen de excepción y los capturados bajo esta medida.
A partir de ese dato la proyección de la tasa de personas detenidas por cada 100,000 habitantes de las organizaciones es de 1,728, la tasa “más alta a nivel mundial de personas privadas de libertad”, señaló Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista.
Dijo que en términos porcentuales significa que al menos el 1.73% de la población total se encuentra detenida y detalló que unos 12,500 detenidos están en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y 97,019 en las otras cárceles del país lo que supone un 335% de hacinamiento carcelario.
