Hace unos días el presidente López Obrador anunció un programa de apoyo a migrantes y refugiados procedentes de Venezuela, consistente en entregarles 110 dólares mensuales, durante seis meses, como estímulo para al retorno a su país, así como promesas de empleo que se intentarían con empresas mexicanas ubicadas en Venezuela.
Con independencia de buenas intenciones, esta iniciativa enfrenta dificultades de carácter jurídico social y, además, de alcance operativo y presupuestal, que probablemente la conviertan en un gesto simbólico, más publicitario que eficaz en su propósito.
Para hacer un balance, debe partirse del contexto internacional que tiene al menos dos componentes esenciales. El primero es que efectivamente la movilidad de venezolanos a través de México y con destino a Estados Unidos alcanzó cifras impresionantes entre los años 2022 y 2023, particularmente. Durante los meses finales del año pasado, para darnos una idea, el flujo venezolano duplicó a otros flujos importantes como el guatemalteco y el hondureño, por ejemplo. Claro, sirva también como referencia el dato no reconocido por el gobierno de México sobre la movilidad de mexicanos hacia Estados Unidos que es muy superior.
Conforme a las estadísticas de la autoridad migratoria de Estados Unidos, entre enero del 2023 y febrero del 2024 ocurrieron 2.9 millones de “encuentros” con extranjeros en su frontera sur. De México fueron 860 mil; la siguiente nacionalidad en importancia fue Venezuela, con 380 mil, y después Guatemala con 305 mil. Las cifras son inmensas y, de entrada, la pregunta es ¿cuántos estímulos de 660 dólares son posibles en este universo? ¿Cuál es el presupuesto disponible? Si se agregan ahora los flujos procedentes de Colombia (175 mil) y de Ecuador (142 mil), como pretende el programa anunciado por AMLO, el desafío se vuelve presupuestalmente enorme. Pero no es el único problema.
El segundo componente del contexto internacional son las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela. Mientras que el gobierno de Estados Unidos pretende reformas políticas en Venezuela, el gobierno de Maduro con cinismo utiliza a la migración venezolana como arma de presión. Si de un lado hay sanciones económicas, del otro se responde impidiendo la deportación de venezolanos desde Estados Unidos. Entre estos jaloneos, como es manifiesto, las personas y sus graves circunstancias importan nada para la perversa ecuación.
Por su parte, la política migratoria mexicana también hace su tarea para complicar el escenario. El enorme flujo de tránsito venezolano por México encuentra una situación peculiar: se le detiene en grandes números, por el INM y la Guardia Nacional, pero en su amplísima mayoría no procede su deportación o retorno voluntario. Prácticamente a nadie. En los meses de enero y febrero de 2024, por ejemplo, el INM registró a 56 mil venezolanos en situación irregular, de los cuales únicamente 429 fueron retornados a Venezuela, es decir, menos del 1 por ciento (datos de la Unidad de Política Migratoria de Segob). Prácticamente la totalidad permaneció en México y muy probablemente continuó la ruta hacia Estados Unidos.
Tratándose de población con perfil social de refugio, como es el caso de la mayoría de los venezolanos en tránsito por México, su no deportación es una medida correcta, pertinente a sus derechos conforme a la legislación mexicana e internacional. Lamentablemente esa curiosa apertura no es complementada con las necesarias medidas de protección, pues persisten la hostilidad y las amenazas de todo tipo, como es evidente. Vale decir, de un lado se les permite el tránsito por México y, del otro, las condiciones son de lo más cuestionables.
El anunciado estímulo de los 660 dólares para el retorno de venezolanos se ubica en este paradójico panorama, enfrentando además una cuestión crucial: para la población refugiada los factores de expulsión no están ligados a la carencia de ese recurso o incluso de un empleo. La combinatoria de factores es mucho más densa y crítica, pudiendo combinar razones de violencia, de intolerancias políticas, de rechazo a diversidades sociales y culturales y, sin duda, debido a razones económicas. En otras palabras, son los contextos de origen los que expulsan, los cuales no arreglan su grave adversidad con un estímulo económico temporal o con la promesa de empleo para algunas personas.
El anunciado estímulo económico tiene así un problema de diagnóstico y pretende dirigirse a la población equivocada. Podrá ser pertinente para algunos casos, pero difícilmente se convertirá en una motivación de retorno para la amplia mayoría de las personas en movilidad, que lo han arriesgado todo, incluso la vida. Deberá hacerse énfasis en esta última perspectiva si se trata realmente de impulsar políticas migratorias y de refugio alternativas.
Mientras tanto, los 660 dólares podrán ocupar amplios espacios en medios de comunicación y beneficiar a un número limitado de personas. Adicionalmente, por el lado de las críticas, seguirán motivando preguntas sobre cómo extender los estímulos a migrantes mexicanos, especialmente para quienes son deportados cotidianamente desde Estados Unidos. Más allá de razones de trato igual, los mexicanos somos muchas más personas en movilidad forzada y laboral. Ojalá esa generosa liga pueda estirarse.
*Profesor del PUED / UNAM. Excomisionado del INM.