La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, informó este martes que México arregló sus diferencias con Estados Unidos en materia energética desde octubre de 2023 y solo está a la espera de un memorándum de entendimiento para oficializar el retiro de la consulta bajo el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En este sentido, esperó que el retraso en su revisión por parte de las autoridades estadounidenses no se preste para que pueda utilizarse como una presión política previo a las elecciones presidenciales de noviembre próximo en Estados Unidos.
“Se elaboró un borrador de memorándum de entendimiento, lo tienen ellos (Estados Unidos) y desde octubre no hemos recibido comentarios y no nos han pedido ni nos han dado reunión para darle seguimiento. Nosotros estamos en ‘stand by’, esperemos que lo regresen y esperemos que no sea otra de las cosas que salgan cerca de las elecciones”, dijo en conferencia de prensa.
La titular de la Secretaría de Economía (SE) detalló que dicho memorándum de entendimiento consistía en asegurar a Estados Unidos que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) cumpliría con los tiempos y formas para destrabar los permisos de generación eléctrica.
La SE justificó que los tiempos de rezago denunciados por las autoridades estadounidenses estaban motivados por las afectaciones por la pandemia de la covid-19 y no por falta de voluntad administrativa.
Así como que el regulador se comprometería a establecer un sistema informativo digital para que las empresas que inicien un proceso ante el regulador mexicano puedan dar seguimiento en línea, así como para dar cuenta de los tiempos de resolución por ley y mecanismos alternos para la solución de inconvenientes.
“Pero la verdad es que nosotros ya dimos por concluido ese tema”, aseguró.
Explicó que las inquietudes sobre la reforma a Ley de la Industria Eléctrica (CFE) del presidente Andrés Manuel López Obrador disminuyó cuando se explicó que la iniciativa había sido congelada en tribunales judiciales y que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había fallado en su contra.
Además, indicó que se hizo del conocimiento que las energías renovables se habían relegado porque las empresas privadas habían instalado parques eólicos o solares sin la inversión de un transformador que le permitiera despachar el sistema eléctrico mexicano sin intermitencia.
“Lo entendieron y se fueron interconectando poco a poco en la medida que se fueron dando las condiciones técnicas para la interconexión”, indicó.
Buenrostro señaló que las quejas en hidrocarburos, parte también de la consulta en materia energética, eran “absurdas” porque las empresas implicadas se encontraban en el supuesto de un contrabando técnico.
Ello, porque declaraban ingresar un tipo de aceite, cuando en realidad eran gasolinas, motivo por el que se les decomisó y retuvo el contrabando por la Fiscalía General de la República (FGR) hasta que concluyera un proceso penal por este posible delito.
El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en 2021 la polémica Ley de la Industria Eléctrica, que prioriza el despacho de la energía generada en las plantas de CFE por encima de los privados aunque sea menos eficiente o más contaminante.
El pasado 31 de enero, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) canceló el orden de prelación en el despacho de energía eléctrica regulado en la Ley de la Industria Eléctrica.
En sesión pública se concedió un amparo, al considerar que la reforma impulsada en este sexenio transgrede los principios de competencia y libre concurrencia.
La decisión se tomó con dos votos a favor y dos en contra, con el voto de calidad del ministro presidente, Alberto Pérez Dayán. La ministra Lenia Batres votó en contra.
El lunes de esta semana, la diputada morenista Aleida Alavez presentó una solicitud de juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán debido a su voto de calidad en este tema.
(Con información de EFE y Aristegui Noticias)