Karla Micheel Salas, representante en el caso del feminicidio de Lilia Alejandra García ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, afirmó que el que este caso haya llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le permitirá al organismo evaluar durante dos años las políticas públicas que tiene México en materia de desaparición de mujeres y niñas, así como de feminicidios y la sentencia que debe ser cumplida por méxico de forma obligatoria.
“En el caso de Lilia Alejandra la Corte va a poder evaluar una serie de acciones, específicamente, lo que se ha hecho en materia de desaparición de mujeres y niñas, lo cual es sumamente relevante”, informó en Aristegui En Vivo.
A 23 años de su desaparición, la Corte IDH aceptó atraer el caso de Lilia Alejandra García, quien fue víctima de feminicidio en Ciudad Juárez, luego de que el 14 de febrero del 2001 salió de su casa a las 6:00 horas para ir a su trabajo y tras cumplir con su jornada laboral ya no regresó a su domicilio. El 19 de febrero su cuerpo fue encontrado con signos de violencia.
Este caso es uno de los más destacados en Ciudad Juárez, debido a la labor activista que ha llevado a cabo su familia. Norma Andrare, la madre de la víctima, es una de las fundadoras de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
Este 14 de febrero, Michaeel Salas, también defensora de derechos humanos, explicó que suele ser difícil que la Corte Interamericana voltee a ver estos casos, tomando en cuenta que tiene cientos de solicitudes de investigaciones en las que han sido violados los derechos humanos en los países que se han adherido al organismo.
Además, explicó que con la llegada de este caso a la Corte sumarán 3 sentencias en el organismo internacional relacionadas con el feminicidio: la primera fue sobre el asesinato de mujeres en un campo algodonero y la segunda fue sobre la muerte de la abogada Digna Ochoa.
“Vamos a poder hacer esta evaluación, sobre la base de campo algodonero, y justamente, este incumplimiento, y esto sí lo adelanto, tenemos claridad de que hay un incumplimiento por parte del estado mexicano, no solo desde la sentencia de campo algodonero, sino de una serie de obligaciones internacionales que se han derivado a partir de todas las sentencias que ha recibido México, pero especialmente cuando hablamos de mujeres y niñas”, agregó.
Por su parte, David Peña, quien también es representante del caso, concordó en que no ha habido disposición por parte del estado mexicano para resolver las sentencias emitidas por la Corte, relacionadas con violencia a las mujeres. Explicó que tras la resolución sobre el caso de Digna Ochoa, en México no se ha presentado ni siquiera una iniciativa para atender la sentencia.
“Llevamos dos años de que se dictó la sentencia de obligatorio cumplimiento y el estado mexicano estaría informando a la corte, ya mandó su informe el 28 de enero, nosotros ya tenemos copia de ese informe, estamos preparando la respuesta, y lamentable, decía yo que no hay ni siquiera, desde la Consejería Jurídica de Presidencia, desde alguna otra instancia de gobierno, una iniciativa que vaya pendiente a cumplir los resolutivos de la sentencia en el caso de Digna Ochoa”, agregó.
Además, enfatizó en que en el caso específico de Lilia Alejandra quieren destacar ante el organismo la responsabilidad de servidores públicos en el caso, además de su complicidad y colusión con las personas responsables del feminicidio.
Esa responsabilidad de servidores públicos se vincula con un tema, y es lo que estamos tratando de argumentar, entre complicidad y colusión con las personas responsables de los feminicidios.
Explicó que el mismo grupo de agresores que asesinó a Lilia Alejandra habría participado en cuando menos otros 4 feminicidios más a lo largo de 10 años, entre 1995 y el 2005, según tienen documentado.
Por su parte, la madre de la víctima, Norma Andrade, aseguró que ahora que el caso fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo más importante es volver a juzgar al Estado mexicano por no brindar políticas públicas que resuelvan esa problemática en el país.
“Lo más importante es (…) la política de prevención para evitar más desapariciones, para que nuestras jóvenes sean libres de salir a las calles, a los parques, al baile, vestidas como quieran a la hora que ellas quieran sin que nadie las moleste, yo creo que eso es lo más importante, que se vuelva a juzgar al estado mexicano por no estar dando política pública que resuelva esta problemática tan grande que hay en el país”, añadió.
Además, sostuvo que el hecho de que la Corte IDH haya atraído el caso sobre el feminicidio de su hija es un logro para ella y para su familia, así que tienen puestas sus esperanzas de justicia en los organismos internacionales.
“Para nosotros, la familia, es un logro después de 23 años de no tener respuesta en México, en el país, nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en la Comisión Interamericana, en la corte, en la justicia internacional, de que exijan al gobierno mexicano hacer el trabajo como debe de ser y que se detenga realmente a los asesinos de Alejandra, pero también que se castigue a los funcionarios que han permitido esta impunidad”, aseveró.
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