Luego de que no alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su aprobación, la Mesa Directiva regresó a comisiones el dictamen con proyecto de decreto para reformar el artículo 123 de la Constitución Política, en materia de derechos laborales del personal de seguridad pública.
El documento plantea la obligación de la autoridad de pagar indemnización y demás prestaciones o la reincorporación al servicio, a agentes del Ministerio Público, peritos y policías de los tres órdenes de gobierno, si se determina que su remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, era injustificada.
El asunto fue presentado ante el Pleno en la sesión del martes 13 de febrero, pero al obtener 48 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la Mesa Directiva del Senado determinó que no existía el quórum constitucional establecido para continuar con su proceso legislativo.
En consecuencia, la discusión de esta reforma a la Carta Magna fue enlistada en la sesión de hoy, miércoles 14, en que recibió una votación de 43 votos a favor, 38 en contra y una abstención, por lo que no alcanzó la mayoría calificada y el documento fue devuelto a comisiones.
El bloque de Morenistas y aliados votó en contra de la reforma constitucional. Senadoras de oposición, como Lilly Téllez y Kenia López reclamaron esta decisión de la mayoría:
En la sesión del martes, 13 de febrero, el senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, detalló que, con ella, se busca respetar y garantizar los derechos de los trabajadores de los sistemas de procuración de justicia y darles estabilidad durante el tiempo de desempeño de sus distintos encargos, para que actúen con más eficiencia.
Además, sostuvo, contribuiría a dotar a las autoridades responsables una herramienta jurídica que asegure su adecuado funcionamiento, además de mejorar los sistemas de seguridad y de protección de justicia, y al sistema judicial en su conjunto.
A favor de la reforma, se posicionaron los senadores de Acción Nacional, Damián Zepeda Vidales, Indira de Jesús Rosales San Román y Gina Andrea Cruz Blackledge, además de la senadora de Morena, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo.
La senadora Cruz Blackledge, quien propuso la iniciativa en 2020, consideró de “mayor trascendencia” a la enmienda constitucional, pues, defendió, “salda una deuda histórica con nuestros policías, ministerios públicos, peritos y custodios al ampliar sus derechos y darles certidumbre de cara al futuro”.