Agentes de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí detuvieron a siete funcionarios estatales acusados de ejercicio ilícito de funciones públicas y peculado, con un presunto desvío de 200 millones de pesos del erario.
Las autoridades no descartan que la cifra aumente hasta los 700 millones conforme avancen las investigaciones.
En conferencia de prensa, el fiscal general, José Luis Ruiz Contreras, sostuvo que los delitos habrían sido perpetrados a través de un acuerdo entre la Dirección de Pensiones del Gobierno del Estado y una entidad bancaria, utilizando documentos falsos, con la participación de exfuncionarios de la dependencia y personas particulares.
Lo que se reclama son 200 millones de pesos con expectativa a que se incrementen a 700, de acuerdo a los datos que las investigaciones han arrojado.
El desvío de recursos se habría realizado mediante transferencias irregulares desde la Dirección de Pensiones a cuentas personales, aumentando así el patrimonio de individuos particulares.
De acuerdo con la Fiscalía, el dinero desviado provenía de retenciones efectuadas a los derechohabientes para préstamos hipotecarios, pero en lugar de ser destinado a las empresas bancarias correspondientes, era depositado en cuentas externas.
La denuncia por estos hechos fue presentada en noviembre de 2023 por exdirectores de la dependencia, y las investigaciones revelaron que estas acciones se llevaron a cabo desde el año 2020 hasta parte del 2023.
Los detenidos, identificados como Arturo “N”, Ricardo “N”, Ana Lilia “N”, Manuel “N”, Juana Patricia “N”, Ana Paola “N” y Neftalí “N”, fueron localizados en diversos domicilios de la capital potosina.
Todos ellos fueron puestos a disposición de un Juez de control para el desarrollo de su proceso penal, y se espera que en los próximos días se determine su situación jurídica.