Los acuerdos en lo oscurito entre Marko Cortés y Alejandro Moreno: Rogelio Muñiz Toledo

Por Rogelio Muñiz Toledo

“Basta un tonto para deshonrar una nación”

Los acuerdos para que las dirigencias partidistas se repartan cuotas de poder o prebendas no deben ser parte de las negociaciones para la formación de un gobierno de coalición. Realizar pactos ocultos para que las élites de los partidos se beneficien del triunfo de una coalición electoral no es ético, va en detrimento de los procesos democráticos para integrar un gobierno de coalición y tiene un viso de ilegalidad. 

Hacer público un acuerdo suscrito en forma clandestina con el que se trata de defender intereses de un grupo sin demasiados escrúpulos, con la pretensión de exhibir -y de esa forma presionar- a quien incumple lo pactado, demuestra que quien lo hace tiene una evidente falta de entendimiento o de razón o que es un cínico. O ambas cosas, que no son excluyentes. Por aquello de las dudas por aquí dejo el significado de “clandestino”, tomado del Diccionario de la lengua española: “secreto u oculto, especialmente por temor a la ley o para eludirla”.

El 9 de enero pasado en su cuenta de la red social X el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, acusó al gobernador de Coahuila, de “mentir” e “incumplir” un “acuerdo político” al que habrían llegado en forma clandestina las dirigencias del PAN y el PRI con el entonces candidato a la gubernatura de Coahuila en 2023. No es casual que ese día vencía el plazo para registrar las coaliciones electorales para las elecciones locales de 2024 en Coahuila. 

El dirigente panista adjuntó a su mensaje las imágenes de un documento de dos hojas en el que dice que están los acuerdos que habría incumplido el gobernador. El documento que hizo público el presidente del PAN supuestamente habría sido firmado por él y por el presidente del PRI, Alejandro Moreno; por el entonces candidato a la gubernatura de Coahuila, Manolo Jiménez; por el diputado federal, secretario de elecciones del PAN y coordinador operativo de la precampaña presidencial de Xóchitl Gálvez, Armando Tejeda; y por el coordinador de los diputados federales del PRI y exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira.

El documento exhibido por el presidente del PAN, denominado “ACUERDO POLÍTICO ELECTORAL COAHUILA 2023-2024”, consta de dos hojas y contiene un texto redactado en forma poco cuidadosa -con faltas de ortografía, imprecisiones y una muy deficiente sintaxis- en el que se habrían puesto por escrito las prebendas y canonjías acordadas mediante ese convenio y cuyo cumplimiento le demanda Marko Cortés al gobernador Manolo Jiménez. 

Salvo en un caso poco preciso -“Bernardo con Magistrado” (sic)-, en el documento no se especifica quiénes serían los beneficiarios directos o indirectos de las prebendas pactadas en ese acuerdo, aunque con su mensaje en X y sus declaraciones y aclaraciones posteriores, Marko Cortés, en su carácter de presidente del PAN, se asume como el “defensor”, “recaudador” y “administrador” de las mismas. En su ahora célebre “ejercicio de transparencia” -que solo él considera digno de alabanza- el presidente del PAN tampoco aclara cuántos y cuáles de los acuerdos se habrían incumplido por el gobernador de Coahuila. 

Ninguno de los supuestos suscriptores del documento exhibido por Marko Cortés ha negado la autenticidad de su firma ni ha puesto en duda el contenido del documento. El gobernador Manolo Jiménez ha aceptado tácitamente la existencia del acuerdo al responderle al dirigente panista que “una de las condiciones para que ese convenio pudiera tener validez es que Acción Nacional llegara a una votación del 20%” en la elección para gobernador de 2023. Condición que no se reflejó en las “cláusulas” del inescrupuloso acuerdo, lo que no significa que no se hubiese estipulado. 

Lo que es un hecho irrefutable es que en la elección de 2023 para gobernador de Coahuila al PAN solo le alcanzó para llegar al 6.06% de la votación y que, incluso sin la coalición, el PRI habría ganado por sí mismo la gubernatura con el 46.6% de la votación.

Aunque para algunos lo peor del asunto es la torpeza mostrada por el dirigente panista al exhibir el acuerdo, me parece que lo más grave es la celebración del mismo y la suscripción del documento en el que consta. A Marko Cortés le caben la vergüenza y el deshonor por partida triple: por impulsar y/o participar en la celebración del acuerdo y firmarlo, por hacerlo público y por pretender exhibir al gobernador Manolo Jiménez para obligarlo a cumplir el ignominioso pacto. Salvo que demuestren lo contrario, el resto de los signatarios del documento serían copartícipes del acuerdo y comparten con el presidente del PAN la responsabilidad política y el deshonor por la celebración del mismo y por el contenido del convenio y su firma.

El cumplimiento de algunos de los acuerdos que reclama Marko Cortés podría llevar el asunto al terreno de la ilegalidad, como el tema de las notarías, la entrega de “direcciones” de universidades, del “Instituto de Transparencia” o una magistratura ad hominem.  Además, lo ahí pactado en relación con las candidaturas -no solo en Coahuila sino para la presidencia de la república y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México- pone en duda la autenticidad e integridad de los procesos de selección de las candidaturas para estos cargos que organizó la alianza opositora. 

Si no se quiere que parezca botín electoral, en los gobiernos de coalición la distribución de espacios en la administración pública debe estar claramente vinculada -y explicada como parte de un auténtico ejercicio de transparencia en la conformación del gobierno- con el programa de gobierno, la plataforma electoral y las declaraciones de principios y los programas de acción de los partidos.

En este acuerdo en lo oscurito entre el PAN y el PRI no se menciona nada en relación con las bases del gobierno de coalición, ni se señala porqué le correspondería al PAN participar en las dependencias que ahí se acordaron, ni porqué la distribución es previa a la elección y no con base en el resultado de la votación. Tampoco se vincula la participación del PAN en esas áreas de la administración pública con la plataforma electoral de la coalición, el programa de acción del partido y el programa del gobierno de coalición. Nada se dice sobre cuáles son los criterios con base en los qué se le asignarían dos secretarías y, sobre todo, no se explica por qué al PAN le correspondería dirigir el 20% de las oficinas del registro civil y de “recaudación”.

El acuerdo tiene un aspecto muy relevante para el proceso electoral en curso. Si las dos principales candidaturas para 2024 ya se habían repartido de antemano entre el PRI y el PAN, ¿qué sentido tenía realizar procesos para seleccionar a la o el abanderado de la coalición opositora a esos cargos? Si ya estaba decidido que la candidatura presidencial y la de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México le corresponderían al PAN -como se establece en el primer párrafo del acuerdo-, ¿qué sentido tenía abrir un proceso con aspirantes del PRI y el PRD y de la sociedad civil?

Tal vez este acuerdo explica porqué las dirigencias partidistas “bajaron” a las y los aspirantes del PRI y del PRD de esas contiendas.

El documento exhibido por el dirigente del PAN confirma que si existió -por escrito y firmado- aquel acuerdo entre Alejandro Moreno y Marko Cortés del que se habló en enero de 2023 para que las dos candidaturas más importantes del 2024 -la presidencial y la de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México- fueran para el PAN a cambio de que al PRI le tocaran las dos para las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México que se elegirían ese año. 

El acuerdo publicitado por Marko Cortés también confirma que tenía razón el presidente del PRD, Jesús Zambrano, cuando en aquel momento de 2023 reclamó la exclusión de las negociaciones de la que fue objeto y que, su afirmación en el sentido de que él no había sido consultado por sus pares para llegar a tal acuerdo de repartición de candidaturas entre PRI y PAN, era cierta. Ante el arrebato de “transparencia” del presidente del PAN, Zambrano se desmarcó raudo del susodicho acuerdo y es evidente que efectivamente él no participó en el mismo, pues ni el PRD se beneficiaba de él, ni su firma aparece en el documento en el que consta.

El daño a la coalición opositora por la firma de este acuerdo -insisto que esto es lo más grave porque su publicación solo lo puso al descubierto- toca también al tema del gobierno de coalición al que se han comprometido PAN, PRI y PRD para las elecciones presidencial y de los gobiernos de nueve entidades federativas en 2024. Han sido Marko Cortés y Manolo Jiménez quienes con sus declaraciones han vinculado indirectamente este bochornoso asunto con el tema de los gobiernos de coalición; a propósito de esta rebatiña por las prebendas en Coahuila, el primero, dijo que cumplir los pactos entre partidos permite “pluralidad y buenos gobiernos de coalición” y, el segundo, señaló que él cumplió con lo acordado para formar el gobierno de coalición al otorgarle al PAN secretarías en su gabinete.

Xóchitl Gálvez se ha deslindado claramente de este acuerdo celebrado en la clandestinidad entre los dirigentes del PAN y del PRI y ha descalificado su contenido. Sin embargo, es inevitable que la existencia del acuerdo lleve a que válidamente nos preguntemos si los partidos no habrán pactado algo similar con las y los candidatos de la coalición opositora a la presidencia de la república y a los gobiernos de las nueve entidades federativas. De ser así, se pondría en duda la solidez ética de los acuerdos que llevaron a definir esas candidaturas y la de los convenios que habría que construir -o que ya lo han sido conforme a la ley, como en el caso de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México- para conformar los gobiernos de coalición ahí donde las y los candidatos de dicha coalición electoral ganen las elecciones.

En el “Programa de Gobierno 2024-2030” de la coalición electoral del PAN, PRI y PRD se señala, en el apartado correspondiente a los “Gobiernos de Coalición”, lo siguiente: “Es posible que, desde la campaña, o antes de que esta principie, se elabore un acuerdo de gobierno de coalición”. Habrá que exigir que el mismo sea público -no hay impedimento legal para que así sea, además de que en materia electoral también rige el principio de máxima publicidad- y convendrá estar atentos para vigilar -en la medida de lo posible- que no existan acuerdos paralelos al convenio que formalmente se firme por las dirigencias de los partidos y la candidata presidencial.

* François Marie Arouet fue un filósofo y abogado francés representante de la Ilustración