CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–La Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), condenó la liberación de ocho militares acusados de participar en la desaparición de los 43 normalistas, determinada ayer por una jueza en cumplimiento a una orden de un tribunal colegiado, y calificó la sentencia como un “sabadazo”.
En un comunicado publicado horas después de darse a conocer la liberación de los militares, la Covaj concentró sus críticas contra el poder judicial, pero no mencionó el papel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la defensa legal de los soldados.
“Una vez más, integrantes del Poder Judicial recurren al procedimiento de los llamados sabadazos, sin ponderar el derecho de las víctimas, las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos en un asunto que implica graves violaciones a derechos humanos”, deploró la instancia.
Los militares estaban recluidos en la prisión del Campo Militar 1-A, producto de una medida cautelar que les sometía a la prisión oficiosa; la Covaj informó que, a raíz del cambio de esta medida cautelar, los soldados continuarán su proceso en libertad, con el pago de una fianza de 50 mil pesos y algunas restricciones.
La instancia, presidida por Arturo Medina Padilla –el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración en la Segob–, indicó que había solicitado el “resguardo domiciliario” de los militares, pero que la jueza decidió devolverles su libertad.
Hoy, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), que acpmpaña a los padres de los estudiantes desde cerca de una década, fue más enfático en su condena a la liberación de los militares: aseveró que la sentencia es una evidencia más de que el proceso se está “derrumbando”, y la atribuyó a “decisiones parciales de jueces”, la “inoperancia de la Fiscalía Especial” y la “intervención de la Sedena, que brinda asistencia legal y apoyo a los acusados”.