CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el ultimo día del 2023 fue detenido, en Madrid, el empresario Jonathan Alexis Weinberg Pinto, acusado de ser prestanombres y uno de los principales cómplices de Genaro García Luna. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ya está sujeto a extradición.
El pasado mes de mayo, un juez de control libró 61 órdenes de aprehensión en contra de García Luna y cómplices, entre ellos exservidores públicos y empresarios, incluido Weinberg Pinto.
El año pasado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, exhibió la “red corrupta” de García Luna que operó durante 20 años, lapso en que el exsecretario de seguridad pública federal obtuvo al menos 745 millones de dólares en contratos, cantidad con la que el exfuncionario y sus cómplices adquirieron en EU propiedades y autos de lujo como Lamborghinis y Mustang clásicos.
El empresario Weinberg Pinto es acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, al haber participado en una red de corrupción organizada por el exsecretario de Seguridad Pública federal.
En un comunicado, la FGR informó que, una vez que se giró una ficha roja internacional para localizar y detener al empresario, Interpol España logró ubicar y aprehender a Weinberg Pinto el 31 de diciembre.
“Se obtuvo la aprehensión de este individuo, quien se había dado a la fuga y ahora habrá de ser sometido al procedimiento legal de extradición ante las autoridades judiciales del Reino de España”, apuntó.
“Esta acción es fundamental en los casos que se siguen en contra del ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro ‘G’. En cuanto se inicie el procedimiento judicial correspondiente, la FGR informará sobre las actuaciones que la Ley permita divulgar”.
Jonathan Alexis es hijo del empresario Mauricio Samuel Weinberg López, sobre quien también pesa una orden de aprehensión en México por participar en las operaciones de García Luna para lavar dinero del erario.
Padre e hijo Weinberg obtuvieron contratos millonarios del gobierno mexicano a través de empresas como ICIT Holding y Nunvav Inc, y recibieron información privilegiada de la secretaría de seguridad al mando de García Luna.
La UIF presentó una demanda civil ante una Corte de Florida, en la cual se señala que los Weinberg obtuvieron cientos de millones de dólares del gobierno de México mediante un complejo esquema de contrataciones públicas ilegales, y transfirieron esos fondos a Estados Unidos y otros lugares.
En dicha demanda se pide la recuperación de activos de los empresarios Mauricio Weinberg Lopez, Jonathan Weinberg Pinto, Sylvia Pinto de Weinberg y Natan Wancier Taub, entre otros socios y supuestos prestanombres.