CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La corrupción persiste como una problemática arraigada en la vida política mexicana. Pese a su confrontación dialéctica desde diferentes tribunas, las cifras oficiales reflejan la ausencia de avances significativos en la lucha contra este fenómeno.
En su segunda edición, el Índice de Corrupción Estatal de la ONEA México colocó a 21 de las 32 entidades de la República en parámetros de corrupción “media” y, al resto, en estándares de corrupción “alta”.
Estos resultados derivan de la disminución en los niveles observados durante el año 2021, en el que la mayoría del territorio se ubicó en contextos de “alta” y “muy alta” prevalencia. Sin embargo, el informe continúa arrojando indicadores de corrupción elevados en gran parte de las entidades del país.
Durante 2022 las fiscalías locales radicaron 21 mil 13 carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos. Esto es 2.36% menor a las 21 mil 520 indagatorias registradas el año anterior.
La conducta más denunciada a escala nacional es el abuso de autoridad, concentrado principalmente en los estados de Nuevo León, Ciudad de México y Puebla. También destacó la tortura, el ejercicio ilegal y abusivo de funciones, el enriquecimiento ilícito, el peculado y el cohecho.
De cada 100 casos, un promedio de 7.6 fueron determinados para el ejercicio de la acción penal y turnados al conocimiento de los tribunales competentes. Del total, sólo 1.83% concluyó con la sanción del servidor público responsable. Esto es significativamente menor que el índice de 5.21% de punibilidad reportado en 2021.
En términos absolutos, el número de sentencias condenatorias dictadas por los poderes judiciales se redujo de mil 121 a tan sólo 384 en el periodo 2021-2022. Así, el descenso en la incidencia fue opacado por un incremento en la impunidad, que transitó de 94.8% a 98.1 por ciento.
Los tribunales de 19 entidades registraron un índice de punibilidad menor a 1%. Resalta la situación de Baja California Sur, Coahuila, Durango, Guerrero y Oaxaca, cuyas autoridades informaron la ausencia de sanciones penales por cinco años consecutivos. En esta edición del corruptómetro se suman a la lista de administraciones sin resoluciones condenatorias los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.
La información recabada por la ONEA México permite conocer que 72.9% de las determinaciones judiciales correspondió al delito de cohecho; de las cuales 90% fueron emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Pese a ser el delito con la mayor incidencia, el abuso de autoridad únicamente conformó 5.9% de las sentencias dictadas.
Otra variable analizada por la organización es la incidencia e impunidad administrativa, entendida como la detección y penalización de aquellas conductas que, sin actualizar propiamente un hecho delictivo, configuran faltas a las atribuciones concedidas a los funcionarios para el ejercicio de su empleo, cargo o comisión.
Los resultados en este rubro exhiben una frecuencia casi cuatro veces mayor que en materia penal, al registrar 78 mil 355 expedientes aperturados sólo durante 2022. Esto representa un incremento de 54.66% en relación con las 50 mil 663 investigaciones iniciadas la anualidad anterior.
Pese a una disminución de 1.81 puntos porcentuales, la impunidad administrativa se colocó en una media nacional de 92.11%; en suma, la facultad sancionatoria sólo fue ejercida en seis mil 183 casos, equivalente a 7.89 por ciento.
La figura más utilizada para la aplicación de sanciones fue la amonestación privada, empleada en 52% de las determinaciones. Le siguieron la inhabilitación temporal (20.07%), la amonestación pública (18.30%), la suspensión del empleo (6.66%), la destitución (1.56%) y las penas económicas (0.7%).
Los parámetros más elevados de impunidad se observaron en Nayarit y Sinaloa, con un reporte de cero resoluciones de responsabilidad. Detrás se ubican Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Quintana Roo y Guanajuato, todos con indicadores superiores a 99%; a excepción de Chihuahua, estas entidades presentaron, a su vez, un aumento en sus valores de impunidad en el periodo 2021- 2022.
Además de las variables objetivas, el índice considera la percepción ciudadana como un elemento fundamental para la adecuada evaluación de la legitimidad y desempeño de las instituciones del Estado. En ese ámbito se detectó un decrecimiento de 2.4% en la sensación general de corrupción, asentándose en 64.7% poblacional.
Esta disminución ocurrió en 21 de las 32 entidades del país. No obstante, 93.75% del territorio se mantuvo con un promedio de percepción de corrupción superior a la mitad de sus habitantes.
El ranking
Chihuahua se posicionó como la entidad peor calificada por el corruptómetro, con un puntaje de 61.8 sobre 100. Ello atiende a la concurrencia de altas tasas de incidencia e impunidad penal y administrativa, así como al empeoramiento de la percepción de su ciudadanía hacia sus autoridades locales.
La entidad gobernada por Maru Campos concentró la incidencia administrativa más elevada del país, asentándose en 362.23 casos por cada 100 mil habitantes. A su vez, es el tercer estado con la mayor impunidad en este rubro, con 99.98 por ciento.
El Poder Judicial chihuahuense reportó no haber emitido ninguna sentencia condenatoria por delitos de corrupción. Paralelamente la percepción ciudadana mostró el segundo incremento más significativo a escala nacional, con un crecimiento de 8 por ciento.
Estas cifras ocasionaron que la entidad transitara de ser el sexto al primer estado de la República con la prevalencia de corrupción más significativa.
Detrás se ubican la capital del país y el Estado de México, respectivamente, con la segunda y tercera peor evaluación del Índice de Corrupción Estatal. Los acompañan, en orden descendente, Quintana Roo, Aguascalientes, Baja California, Puebla, Hidalgo, Morelos y Coahuila, conformando las 10 entidades con los mayores indicadores de corrupción del país.
Por segunda ocasión consecutiva Querétaro se colocó en la última posición del ranking, con una calificación de 27.31, la cual se considera dentro del estándar de corrupción “media”. El estado se caracterizó por bajos niveles de incidencia e impunidad penal, elevados en materia administrativa y una percepción ciudadana de corrupción de 60.7 por ciento.
Los datos reportados por el Tribunal Superior de Justicia queretano demuestran un progreso en el abatimiento del rezago de indagatorias de años anteriores, pues, pese a que no se inició ninguna carpeta de investigación por delitos de corrupción en 2022, la autoridad judicial resolvió la sanción penal de servidores públicos en cinco indagatorias.
Además de la entidad bajo el mando de Mauricio Kuri, los valores más bajos de prevalencia de corrupción se detectaron en Tlaxcala, Nayarit, Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa, Yucatán, Chiapas, Veracruz y Guerrero.
Delitos de corrupción, un concepto abstracto
La metodología utilizada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía impide conocer el tipo penal y la falta administrativa investigada en cada indagatoria.
Así, las diferentes manifestaciones de corrupción política se reúnen bajo el amplio –y vago– concepto de delitos “cometidos por servidores públicos”, lo que dificulta el análisis objetivo de este fenómeno en México.
Esta falta de desagregación no sólo se observa en las mencionadas dependencias del gobierno federal, sino que ha impactado negativamente en los registros de incidencia de diversas entidades de la República.
Esta situación se ejemplifica mediante la respuesta otorgada vía transparencia por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la cual indicó que su Dirección de Información no cuenta con datos correspondientes al tipo delictivo y/o la dependencia de adscripción del servidor público señalado como responsable en virtud de que estos sólo se integran en los términos requeridos por el Secretariado Ejecutivo.
Para la ONEA México resulta fundamental que las bases de datos federales y locales cuenten con un nivel de registro más profundo; que comprenda, al menos, los tipos penales y las causales de radicación de las investigaciones iniciadas contra funcionarios del Estado. Más aún tratándose de conductas antisociales graves como la corrupción política.