El gobierno federal afirma que la llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa se construyó en reuniones en las que participaron las máximas autoridades de la administración anterior, empezando por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, los titulares de Gobernación, Ejército, Marina Procuraduría, CISEN, entre otros.
El informe presentado este miércoles señala como fuente a Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
Según el documento, Zerón dio esta respuesta a un cuestionario elaborado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y entregado por el propio exfuncionario, ahora prófugo en Israel.
De acuerdo a la información proporcionada por Zerón, la”verdad histórica” fue una construcción desde el Gobierno Federal, en la que participó la denominada “Junta de Autoridades” para dirigir la investigación del caso Ayotzinapa.
En esta “junta” se encontraban los máximos titulares de las instituciones en la administración anterior, todos identificados con su primer nombre y la letra “N” en lugar de sus apellidos:
(…) el presidente de la República, Enrique “N”; el secretario de Gobernación, Miguel “N”; el secretario de la Sedena, General “N”; el secretario de Marina, Almirante Vidal “N”; el Procurador General de la República, Jesús “N”, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio “N”; el director del CISEN, Eugenio “N”; el encargado del despacho de la SEIDO, Jorge “N”; y el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás “N”.
Zerón respondió que estas reuniones se llevaron a cabo en la residencia oficial de Los Pinos, en la Zona Militar de Iguala, Guerrero y en las oficinas de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México.
En la reunión de Los Pinos supuestamente asistieron los titulares de las instituciones.
Posteriormente, en una reunión en el 27 Batallón de Infantería de Iguala participaron militares de alto rango, funcionarios de inteligencia, Policía Federal, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre y su gabinete de seguridad, entre otros.
Es en ese encuentro donde se coloca a Omar García Harfuch, entonces comisario de la Gendarmería Nacional y actual aspirante a gobernar la Ciudad de México por Morena. El exfuncionario de seguridad negó haber participado en la investigación del caso.
Esto dice el informe presentado por Alejandro Encinas
La llamada “verdad histórica” fue una construcción desde el Gobierno Federal para “legitimar socialmente la verdad de los hechos”. Fue revestida de acciones institucionales y estrategias de comunicación que tenían como finalidad el cierre de las investigaciones.
La “verdad histórica” se fundamente en la información obtenida de una llamada telefónica de una mujer del 25 de octubre, quien proporcionó datos de Agustín “N’ y Patricio “N”. Las diligencias ministeriales relacionadas con los hallazgos en torno a la “verdad histórica” se encuentran firmadas por la M.P. Blanca “N” a la misma hora y el mismo día, una en la CDMX y otra en Guerrero.
En la “verdad histórica” se estableció que los estudiantes fueron entregados por policías municipales a Guerreros Unidos, fueron privados de la vida e incinerados en el Basurero de Cocula y arrojados desde el puente Río San Juan.
El término de “verdad histórica”, adoptado por el entonces Procurador General de la Republica Jesús “N”, se funda en la versión de la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula.
Se pretendió presentar las sentencias de los responsables por el delito de secuestro agravado y homicidio calificado, con lo que se evitaba abordar lo sucedido desde la perspectiva de la desaparición forzada.
Foto de archivo: Gabinete de Seguridad encabezado por Peña Nieto.
Esta construcción pretendió crear una versión de los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014, limitándose a señalar la violencia ejercida por los grupos criminales que operaban en la región; la cooptación de autoridades civiles y grupos de seguridad municipal; sin considerar la participación de las fuerzas armadas de la región y de las autoridades federales involucradas, responsabilizando a las autoridades locales.
Se generó una narrativa fundada en las declaraciones obtenidas mediante tortura. Es importante señalar los resultados del análisis que realizó el Equipo Argentino de Antropología Forense respecto a que los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, indicando que no existieron “evidencias biológicas y no biológicas” que “respalden la hipótesis de que hubo un fuego” en el basurero “que habría arrojado como resultado la incineración en masa de los 43 estudiantes”.
Coincide con las conclusiones del Dr. José Torero, perito contratado por el GIEI, para evaluar la posibilidad de que los 43 cuerpos hubieran sido cremados en el basurero de Cocula.
La evidencia recolectada muestra que en el basurero solo se han dado fuegos de pequeñas dimensiones cuya temporalidad no puede ser debidamente definida; de haber existido un fuego de esta magnitud, los daños generalizados serían visibles en la vegetación y la basura y no existe ninguna evidencia de dichos daños; la carga de combustible necesaria en ningún momento estuvo disponible en los alrededores.
Fuente: Segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (2023).
En la narrativa de la “verdad histórica” prevalecen contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos que acreditan abuso de poder y que derivan en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda y de las investigaciones, generando vicios y deficiencias que obstaculizan el acceso al derecho a la verdad y la justicia.
A partir del 5 de octubre de 2014 se estableció una coordinación de altos mandos de todas las corporaciones de seguridad y de la PGR, que llevaron a cabo las investigaciones.
Los resultados de esas investigaciones nunca se incorporaron a la investigación de la PGR. Permanecieron ocultas hasta que fueron incorporadas por investigaciones de la UEILCA.
Lo anterior coincide con el informe del CIEI, donde se hace mención de que “posteriormente habría habido orden de recoger los restos y volverlos a ocultar y dispersar en otros lugares”.
Así lo expuso Encinas: