Una red de 191 ONGs criticó las ‘devastadoras’ consecuencias de la ‘guerra contra las drogas’, como el encarcelamiento de más de dos millones de personas en el mundo por delitos relacionados con estupefacientes, y demandó cambios en las políticas antinarcóticos de la ONU.
Esta red de ONGs y organizaciones de 75 países, agrupada bajo el nombre de Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), difundió hoy un informe que evalúa los cinco primeros años de la actual estrategia internacional contra las drogas, que será revisada en 2029.
En 2019 los Estados de la Comisión de Estupefacientes de la ONU adoptaron en Viena una declaración que promovía ‘una sociedad libre del abuso de drogas’ y se comprometieron a seguir trabajando para eliminar el cultivo, producción, tráfico y consumo de estupefacientes hasta 2029, cuando revisarán el progreso logrado.
Las propias estimaciones de la ONU señalan que ese objetivo está más lejos que nunca debido a que el mercado de las drogas, tanto las tradicionales como las sintéticas, está ahora en máximos históricos, hay más consumidores y más muertes relacionadas con su consumo.
Ann Fordham, directora ejecutiva de IDPC, criticó la poca importancia que los gobiernos le han dado al compromiso.
Estamos a mitad de camino de la actual estrategia mundial de diez años sobre drogas, y aún no hubo ningún esfuerzo por parte de los gobiernos para realizar una evaluación seria. Los gobiernos no pueden seguir rehuyendo décadas de fracaso y deben corregir urgentemente el rumbo.
El documento del IDPC, titulado Fuera de curso: Informe alternativo para la revisión de mitad de período de la Declaración Ministerial de 2019 sobre drogas, utiliza datos de la ONU, estadísticas estatales y estudios académicos, para mostrar que el número de consumidores de estupefacientes ha pasado de 271 a 296 millones en cuatro años.
Además, las muertes relacionadas con el uso de drogas llegaron a 494 mil en 2019, con un aumento significativo en los fallecimientos por sobredosis, sobre todo en Estados Unidos debido al fentanilo, un potente opioide sintético.
El informe también revela un incremento del 213% en las ejecuciones por delitos de drogas entre 2019 y 2022, y un aumento en el número de personas encarceladas por delitos relacionados con estupefacientes, que superó los 2 millones.
El reporte señala que el número total de personas encarceladas en el mundo ha seguido creciendo en los últimos cuatro años, pasando de unos 10 millones en 2019 a 11.5 millones en 2023.
Más de uno de cada cinco reclusos está encarcelado en el mundo por un delito relacionado con drogas y, además, se estima que hasta 500 mil personas están sometidas a alguna forma de internamiento obligatorio por drogas y decenas de miles son retenidas contra su voluntad en centros privados de ‘rehabilitación’.
El informe destaca además la disparidad en la disponibilidad de medicamentos controlados, con más del 82% de la población mundial teniendo acceso a menos del 17% de la morfina del mundo. Los países desarrollados son los que consumen la inmensa mayoría de la morfina para cuidados paliativos y contra el dolor.
Además, sólo uno de cada cinco drogodependientes tiene acceso a tratamiento y existe una gran disparidad en la obtención de atención médica entre países ricos y pobres.
Según el informe, el fracaso de las políticas antidrogas de la ONU está generando un cambio en la percepción global sobre la prohibición de las drogas y desde 2019 se ha duplicado el número de personas que pueden acceder legalmente a drogas controladas internacionalmente para uso no médico.
En los últimos años varios países como Uruguay, Canadá, Luxemburgo, Malta y 23 estados de EU han legalizado la venta de cannabis con fines recreativos y otros países, como Alemania, tienen planes de regular también su consumo.
Diego García-Sayán, exministro de Justicia y de Exteriores de Perú, denunció en el informe.
A lo largo de mi carrera como abogado, juez y ministro, he visto de primera mano cómo las leyes sobre drogas han impulsado la violencia y el encarcelamiento en masa, especialmente de mujeres, minorías raciales y étnicas, y personas que viven en la pobreza.
‘Este informe debería sentar las bases para un proceso de reforma profunda que abandone el paradigma punitivo global y proteja la salud, el bienestar y los derechos humanos’, concluyó.
(Con información de EFE)