Chilpancingo, Gro., (Proceso).- A la altura del Tribunal Superior de Justicia, en la carretera Iguala-Chilpancingo, Alfredo vio un autobús Estrella de Oro acribillado y con las ventanas destrozadas. Faltaba poco para la medianoche, lloviznaba.
–¿Qué pasó aquí?, preguntó al taxista.
–Ah, andaban los “Ayotzinapos”, respondió al copiloto.
–Se ve que hubo hechos de violencia, ¿no?
–Pues quién sabe.
Antes de llegar al crucero de Santa Teresa, dos camionetas tipo urvan con vidrios polarizados permanecían en el carril contrario.
En una recta el conductor aventó las luces altas y dio un arrancón. Fue cuando, en medio de la nada, unos 10 policías dispararon sus armas largas contra el auto en movimiento, en trayecto de 10 metros. Las ráfagas también llegaron desde los costados de la carretera.
Por la inercia el taxi corrió otros 100 metros. El radiador ya estaba reventado. Detrás, otro taxi y un camión tipo torton con dirección a Chilpancingo también fueron rafagueados.
Estos ataques se dieron después del que sufrió el autobús del equipo de futbol Los Avispones, porque para esa hora, después de las 12 de la noche, nadie se anduvo parando en esos lugares. Los heridos de ese momento y en ese lugar ya no fueron noticia.
“Borrar huellas… y testigos”
Alfredo Ramírez García, de 54 años, es líder sindical del Colegio de Bachilleres y colaborador de Radio UAG en la capital del estado. La noche del 26 de septiembre de 2014 regresaba con dos compañeros de una reunión de sindicatos en Michoacán, en la que trataron su rechazo a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.
“Es un milagro que no nos hayan matado ni rematado. Yo quisiera olvidarlo, pero es difícil por las secuelas y la injusticia”, dice.
A nueve años, el sindicalista narra a Proceso las lesiones sufridas en brazo y mano derecha, una amenaza de muerte después de señalar a policías de Iguala y otras secuelas de la barbarie de 2014.
Las balas casi le despedazan el brazo derecho. Le provocaron una herida de 15 centímetros de diámetro cerca del omóplato y le fracturaron dos dedos de la mano derecha. A uno de sus compañeros que venía en el asiento trasero una bala le atravesó la planta del pie.
El vehículo quedó agujerado, recibió de 80 a 100 balazos.
“Venía un taxi atrás de nosotros y le sucedió lo mismo, lo pararon; venía un torton y lo atacaron, les estaban disparando a quienes se atravesaran ahí.
“Parecía que pretendían borrar huella de alguien que fuera testigo de los hechos de Iguala”.
El conductor prefirió quedarse en Iguala porque tenía que entregar el taxi a su patrón. Alfredo y su compañero vieron a un taxi que pretendía ingresar a Iguala, pero le advirtieron la situación y aceptó llevarlos a Chilpancingo.
Ingresó al hospital privado Santa Fe a la 1:30 de la madrugada. Ahí perdió el conocimiento durante medio día. Estuvo cuatro días internado, por lo que le cobraron más de 40 mil pesos.
No tuvo apoyo del gobierno del estado ni de la federación, aunque sí de colegas del Colegio de Bachilleres, del gremio periodístico y de organizaciones sociales.
La amenaza
Semanas después, Alfredo y su familia acudieron a la oficina en Acapulco de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pero recibieron tan mal trato del comisionado que optaron por no regresar.
Ya consciente, dio una entrevista al diario El Sur donde aseguró que uno de sus acompañantes logró distinguir a patrullas de la policía de Iguala, instantes antes de que uniformados y con gorras negras les dispararan.
Vino la amenaza. En el pasillo de su oficina le dejaron un cartón con un dibujo de él y el mensaje: “Alfredo date por muerto, sólo por bocón”.
Llegó la etapa de preocupación para él y su familia, a pesar de que su domicilio contaba con recorridos de policías estatales.
Mientras, la inmovilización de su brazo para que cicatrizara la herida provocó que se atrofiara. Durante otro año y medio recibió fisioterapia para recuperar el 90% de la movilidad.
La fractura de los dedos causó que no pueda cerrar la mano, mientras que un tumor crece entre el índice y el dedo medio.
“Cada que se cumple un año de los hechos los recuerdos llegan. Aun cuando se dice que no se quisieran olvidar, yo sí quisiera olvidarlos, pero es difícil ante la injusticia que se ha cometido y lo más preocupante es que los compañeros estudiantes sigan desaparecidos”, expresa.
Para Alfredo Ramírez los ataques que sufrieron estudiantes y civiles en Iguala hace nueve años no fueron hechos aislados, sino una acción de mayor criminalidad e inteligencia.
“Fue toda una organización, con premeditación, alevosía y ventaja. Fue planeada y previeron cómo ejecutarla, al grado de llegar a los nueve años sin que se conozca la verdad.
“Se realizó con una inteligencia y una estructura, con la capacidad de que, a pesar de las investigaciones, no se sepa la verdad”
Finalmente, Ramírez García compara el contexto de inseguridad de 2014 con el presente.
“El hecho de haberse dado estos asesinatos y desapariciones hace llegar a la conclusión de que hubo colusión de los criminales con las autoridades del Estado en general y sus corporaciones.
“Hoy la situación está más convulsionada en seguridad pública. En Guerrero hay una batalla campal en un territorio sin ley. Y por lo que se ve sigue habiendo esa colusión”, concluye.
Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, sicarios y policías municipales, estatales y federales, así como miembros del Ejército, perpetraron siete ataques distintos contra estudiantes y población civil.
Asesinaron a los estudiantes Daniel Solís, Julio César Ramírez y Julio César Mondragón, este último con violencia extrema. Otras víctimas fueron la señora Blanca Montiel, pasajera de un taxi; el jugador de Los Avispones David Josué García, de 15 años, y el chofer del autobús que trasladaba al equipo, Víctor Manuel Lugo.
Entre los más de 20 heridos, hubo estudiantes y civiles que resultaron severamente lesionados como Aldo Gutiérrez, que recibió un disparo en la cabeza que lo mantiene en estado vegetativo y Jonathan Maldonado, quien perdió cuatro dedos de la mano izquierda, así como los taxistas Aureliano García y Enrique Hernández.
Todos se suman a los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada de los que no se conoce su destino.
