De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre los meses de enero y septiembre del 2023, se habían cometido 1.65 millones de delitos registrados en Carpetas de Investigación de las Fiscalías Estatales. De esa suma, el 42.67% son delitos patrimoniales; en el 15.52% son delitos contra la familia; en el 7.73% son lesiones dolosas; en 4.45% se trata de otros delitos de la vida y la integridad corporal; mientras que en el 4.19% son delitos contra la libertad y seguridad sexual. En esos delitos se tuvo un registro de 288,170 víctimas, de las cuales en el 33.5% de los casos fueron mujeres.
La misma institución reporta que del 2019 al 2022 se registra la mayor cantidad de víctimas de feminicidio: 944 en 2019; 947 en 2020; 981 en 2021; 958 en 2022, y entre enero y septiembre del 2023, 625 víctimas más. Dada la tendencia histórica y la de este año, se tendrá muy probablemente una cifra de 800 o más víctimas de feminicidio este 2023.
Adicionalmente a lo anterior, en el mismo periodo, han fallecido por homicidio intencional, en 2019, 2,876 mujeres; en 2020, 2,801; en 2021, 2,750, en el 2022, 2,802. Entre enero y septiembre del 2023, la cifra es de 1,955 víctimas. Losa estados con más mujeres víctimas de homicidio doloso en 2023 son: Guanajuato, con 302; Estado de México, 226; Baja California, 181; Chihuahua, 161; Jalisco, 120 y Michoacán, 115.
En el ámbito de las lesiones dolosas, las cantidades son las siguientes: 66,345 víctimas en 2019; 57,495 en el año 2020; 57,495 en el 2021; 62,370, en el 2021; 67,318 en el 2022; mientras que entre enero y septiembre de 2023, 53,208 agredidas físicamente, de forma intencional.
Otro delito que presente una tendencia al alza es el de las extorsiones. En efecto, en 2019 fueron 3,172 víctimas; en 2020, 2,864; en el 2021, 3,359; en el 2022, 3,766; mientras que entre enero y septiembre de 2023, una suma de 2,904, más que todas las del 2020, y una suma que anticipa que este año podría cerra con un nuevo récord en la materia.
En lo que respecta a mujeres víctimas del delito de corrupción de menores, en 2019 fueron 1,490; en 2020, 1,465; en 2021, 1,548; en 2022 se llegó al récord de 1,909, mientras que entre enero y septiembre del 2023 se tiene un conteo de 1,404 víctimas, por lo que, una vez más, se estará por arriba de la media esperada para este tipo de agresiones.
Hay mucha más información captada por instrumentos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), principalmente a través de la ENDIREH, en la cual se estima una muy alta prevalencia de la violencia contra las mujeres, sin que se registren disminuciones estadísticamente significativas a lo largo del tiempo.
Con base en esos datos, lo que es evidente es que en la presente administración creció de manera importante el número de mujeres víctimas de diferentes tipos de agresiones y delitos; y que muy poco se hizo en materia de políticas y programas públicos para avanzar hacia la prevención y eventual erradicación de la violencia en contra de las mujeres y niñas.
De manera preocupante, hay muy poca información confiable sobre lo realizado en materia de transversalización de la perspectiva de género en todo el entramado institucional, tanto federal, como en los estados de la República, y en varias áreas hay registros que permiten alertar sobre posibles retrocesos en su incorporación permanente como eje transversal de las políticas y programas.
En áreas como las de la salud, los retrocesos son palpables, pues tanto en términos absolutos como relativos, se tienen retrocesos inaceptables en la mortalidad materna, en la mortalidad por cáncer de mama, de cérvix y en general, de los órganos genitales femeninos, lo que no es sino el reflejo del abandono de la perspectiva de los derechos de las mujeres.
Asimismo, desde la creación del Programa Nacional de la Mujer (PRONAM), y su posterior conversión hacia el Instituto Nacional de las Mujeres, puede decirse que estamos en la administración en que menor peso tanto político como de incidencia en las políticas públicas ha tenido. Y que muchos de los avances a nivel local, registran importantes retrocesos ante la ausencia de un liderazgo nacional que coordine y que oriente las acciones que deben realizarse.
Otra de las áreas en que se observan de manera manifiesta los pendientes y retrocesos, es en el ámbito de la procuración y la impartición de justicia. Pues en esos ámbitos se trata no sólo de tener más recursos humanos, materiales y financieros, sino también avanzar hacia un trato realmente digno y, sobre todas las cosas, a la reparación del daño y la garantía de la no repetición.
No es menor el dato relativo a que la mayoría de los casos que hoy de dirimen en los juzgados de los estados de la República se ubican en la rama del derecho familiar; lo que significa un reto mayúsculo, ante la inminente entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que deberá tener plena vigencia a partir del año 2027.
Es imperativo lograr la igualdad sustantiva en todas las áreas; y eso es una cuestión que está pendiente en nuestro país, pues a pesar de los avances y conquistas de las mujeres, aún quedan una gran cantidad de agendas y temas en las que poco se ha hecho: adicciones, salud mental, economía del cuidado, plena igualdad laboral, entre otras materias cruciales para la garantía de sus derechos, pero también para la plena realización de una sociedad democrática, incluyente y justa.