La Fiscalía de Guatemala solicitó la retirada de la inmunidad del presidente electo, Bernardo Arévalo, y de la que será su ‘número dos’, Karin Herrera, por la toma de la Universidad de San Carlos, una acción de protesta en contra del proceso de elección de un nuevo rector de la institución.
Según el Ministerio Público, Arévalo y Herrera habrían estado involucrados en la toma de instalaciones universitarias, donde los fiscales consideran que se cometieron diversos delitos de depredación de bienes culturales, asociación ilícita y tráfico de influencias, recoge ‘Prensa Libre’.
Asimismo, los fiscales del departamento de Delitos contra el Patrimonio han señalado a los diputados Samuel Pérez, Román Castellanos, Carlos Barreda y Aldo Dávida, entre otros. La institución informó que presentará antejuicios en un plazo de menos de 48 horas.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha ratificado la victoria de Arévalo en las elecciones generales del pasado mes de junio, si bien la Fiscalía ha tratado en los últimos meses de revocar el resultado de la votación e incluso de ilegalizar el partido del presidente electo, Semilla.
Reacción
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y su ‘número dos’, Karin Herrera, criticaron las acciones del Ministerio Público de Guatemala y denunciaron la persecución del organismo contra quienes “rechazan” la corrupción.
“Existe una persecución en contra quienes, con ideales firmes, han expresado su rechazo a un sistema que favorece a un pequeño y muy voraz grupo de corruptos”, dijo Herrera en una rueda de prensa en la Plaza de Derechos Humanos de la capital del país.
La vicepresidenta electa sostuvo que “lo que la Fiscalía ahora presenta como una investigación solamente desenmascara el montaje que ya sabíamos que existía” para la persecución política y ha anunciado que su formación política seguirá presentando acciones legales.
Por su parte, Arévalo ha señalado que “no hay ninguna duda” que en Guatemala “están fraguando una deriva autoritaria”, puesto que se han anunciado medidas “absolutamente ilegales” para “amedrentar” al binomio presidencial elegido en las urnas, así como a diputados de su partido político.
Hoy Guatemala duele porque nuestras instituciones están en crisis, el Ministerio Público de (la fiscal general) Consuelo Porras no busca la justicia, como ha quedado claro, confirman que están dispuestos a perseguir a personas inocentes por sus opiniones y sus ideas políticas.
Han decidido tomar este camino y hoy alertamos a la comunidad internacional comprometida con la libertad a no quitar la vista de este proceso autoritario. La democracia en Guatemala está en peligro, pero no dejaremos que estas acciones impidan que el 14 de enero comience la nueva primavera.