Una frontera con una extensión de poco más de 1,100 kilómetros es, por ese solo hecho una región de una enorme complejidad. De hecho, son pocos los países que tienen fronteras de esa magnitud en el mundo, y en todos ellos las dificultades y retos son enormes: regulación de la migración de personas, control eficiente de los tráficos de mercancías, y prevención de la criminalidad y la violencia, son sólo algunos de los más visibles.
Para el caso mexicano, la Frontera sur, que implica una compleja relación, no sólo con Guatemala y Belice, sino con toda la región de Centroamérica y El Caribe, representa uno de los mayores retos para el cierre de esta administración y sobre todo, para el gobierno que habrá de iniciar en el mes de octubre de 2024.
No puede desconocerse además, que lo que pasa en la frontera sur está determinado por nuestra relación, no sólo con el que es nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos de América, sino que eso coincide con el hecho de que sigue siendo, hasta ahora, el país más poderoso del mundo, y el cual dispone de poderosos instrumentos y dispositivos de poder y de presión que, en el momento en que sus intereses lo consideran necesario, nos imponen medidas y políticas, aún en contra de los principios de política exterior, como ocurrió con la presión ejercida desde la presidencia de Donald Trump, y que se ha extendido a la del presidente Biden.
En este caso, no hay duda de que la política interna en esa materia es auténticamente política exterior, y viceversa. En ello se juega buena parte de nuestra seguridad nacional, pero también de la de nuestro país vecino, en el cual desde hace varios años están encendidas varias alarmas ante la posibilidad real de ingreso de posibles militantes de organizaciones terroristas que podrían ingresar a su país vía el territorio mexicano.
Se sabe de manera fehaciente desde hace ya muchos años que, por la frontera sur de nuestro país, que no sólo implica al estado de Chiapas, sino también al de Tabasco, es una de las más “porosas” del mundo. Por ella circulan todos los días todo tipo de tráficos ilícitos: las víctimas del tráfico y la trata de personas se cuentan por decenas de miles todos los años; y el flujo de todo tipo de mercancías y productos que son transportados de manera ilegal es auténticamente incalculable.
Hasta hace unos cuantos años, esta problemática se había considerado como un “asunto de estricta competencia o interés federal”; sin embargo, eso ha cambiado de manera acelerada y notoria. Sobre todo, se ha expresado en una cada vez más extendida presencia territorial de los grupos de la delincuencia organizada, los que han penetrado en otras actividades criminales como la extorsión, el secuestro, el cobro de piso, el robo a transporte y otros delitos que deberían prevenirse y combatirse por las autoridades locales.
Todo lo anterior, a diferencia de lo que pasa en otros territorios de la República Mexicana, se da en una entidad donde los problemas de la violencia y la criminalidad están constantemente mezclados con conflictos éticos o comunitarios; con disputas basadas en identidad o pertenencia religiosa; y con ancestrales disputas por límites territoriales.
Los reportes que existen en la entidad dan cuenta precisamente de cómo las organizaciones criminales han erosionado o definitivamente borrado formas tradicionales de organización social; han arrasado o han cooptado a organizaciones locales; pero también han inventado nuevas formas de control de grupos importantes de población y comunidades enteras, las cuales no tienen más opción que, o participar y aceptar esas nuevas formas de imposición y poder fáctico, o huir de sus lugares de origen.
Lo anterior está agudizando y profundizando el añejo problema de los desplazamientos internos forzados: hay historias que narran el éxodo de familias y comunidades enteras que no cuentan ya ni con base social de apoyo, y menos aún con la posibilidad de acudir a la autoridad formalmente establecida porque ésta no cuenta con los recursos, ni humanos ni materiales, para enfrentar al “monstruo de varias cabezas” que ahí se ha prohijado.
El panorama de la violencia y la criminalidad, la fractura y erosión comunitaria, la migración interna e internacional, la ausencia de oportunidades de empleo y bienestar, son problemas que en Chiapas han adquirido una complejidad polimórfica, poliédrica, respecto de la cual la autoridad ha decidido no intervenir, excepto mediante estrategias y acciones de contención en el mejor de los casos, pero mayoritariamente desde una lógica desde las que se asume que la crisis puede posponerse indefinidamente en su resolución.
No es exagerado plantear que en toda la frontera sur de México se están gestando problemas inéditos; formas que no se conocían de irrupción y penetración en comunidades que históricamente habían resistido, gracias a formas tradicionales de organización de los pueblos originarios, pero que ahora parece que han sucumbido y que han sido fracturadas, quizá de forma definitiva e irreversible.
El Estado mexicano enfrenta en toda esa región un conjunto de retos que no pueden continuar ignorándose. Y por ello resulta sumamente limitado suponer que la mera presencia del Tren Maya va a generar condiciones de desarrollo, bienestar y reducción de la delincuencia. Porque si en algún lugar del país es claro que no son necesariamente la pobreza y la desigualdad los principales determinantes de la criminalidad, sino la impunidad y la ausencia de gobierno, es precisamente nuestra frágil, abandonada y vulnerada frontera sur.
Recomponer las situaciones aquí apuntadas requiere de una abierta y decidida intervención del Estado para fortalecer y acompañar a las autoridades locales, tanto en las áreas de la administración, como, sobre todo, en las de seguridad pública, procuración e impartición de justicia. Y eso requiere ser vinculado cuidadosamente con nuestra política migratoria y con nuestra política exterior; pues todo confluye de manera muy compleja en uno de los territorios más olvidados y con mayores rezagos históricos en la República Mexicana.
Investigador del PUED-UNAM