Ciudad de México (Proceso).- Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en esa época secretaria de Gobernación (Segob), acudió a Allende, Coahuila, el 27 de junio de 2019 para cumplir la recomendación l0VG/2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que investigó y documentó las graves violaciones a los derechos humanos, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas cometidas en este poblado y en Piedras Negras.
Comparecieron también, entre otros, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, y el gobernador de Coahuila Miguel Riquelme, además de medio centenar de víctimas de la masacre.
Ese día se celebró la ceremonia para cumplir la orden de la CNDH: que el Estado mexicano ofreciera una disculpa pública a los muertos y a los vivos que sufrieron por las graves omisiones de las autoridades.
El evento se celebró en la pequeña plaza principal del pueblo, frente a la presidencia municipal, un antiguo Palacio de Gobierno pintado de un llamativo color amarillo. Ceremonia que tuvo un decorado especial para esta ocasión: vehículos blindados y artillados de la Marina, así como decenas de efectivos que resguardaron la seguridad de los distinguidos funcionarios. La disculpa pública la ofreció Olga Sánchez Cordero (…)
En el presídium, enmarcado por un gran letrero con la leyenda: “Disculpa Pública por Violaciones Graves del 18 de marzo del 2011 en Allende, así como Violaciones Posteriores en Piedras Negras y el Norte de Coahuila”, se incluyó a una representante de las víctimas: Silvia Garza Villarreal, cuya familia fue la más afectada por la venganza de los hermanos Treviño Morales.
Los policías municipales al servicio de los Zetas, encabezados por Guadalupe Orozco, La Lupe, se habían centrado en esa familia debido a que es la más conocida y extendida en Allende. A los efectivos tampoco les importó indagar si eran inocentes. Simplemente quisieron quedar bien con sus amos y se les facilitaba capturar a cualquiera que tuviera el apellido Garza.
En su discurso, Silvia Garza rechazó las disculpas protocolarias. Ante Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas les expresó que lo que sucedió en marzo de 2011 “fue un holocausto en México” y que las autoridades no habían hecho nada para detenerlo, sino que incluso habían participado en la masacre (…)
Después del evento los funcionarios se reunieron en privado con los colectivos de víctimas (…) Ante las afectadas y afectados los funcionarios recurrieron a las consignas, los atractivos discursos y palabrería de la nueva administración de la Cuarta Transformación: “Nosotros sí vamos a cumplir” “Somos diferentes a los funcionarios de las administraciones pasadas” “No les vamos a fallar como sí lo hicieron los gobiernos del PRI y PAN”, etcétera.
En la reunión, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; Karla Quintana, solicitó la inscripción del registro de las víctimas para iniciar el trámite que marca la Ley de Víctimas. Lo que seguía era evaluar con peritos los montos a pagar a cada familia. Con ese compromiso asumido por la secretaria de Gobernación y el subsecretario de Derechos Humanos quedó establecida una fecha para cumplir con los plazos que les marca la ley: 60 días para terminar con el ordenamiento jurídico.
La Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Allende lOVb/2018 demandó que el Estado mexicano cumpliese con la reparación del daño a las familias afectadas. La misma recomendación precisó los mecanismos para ejecutar la sentencia: “una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la responsabilidad del Estado consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente”. En este caso el órgano responsable para cumplir el mandato es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Además de la Recomendación de la CNDH, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 1, párrafos tercero, 108 y 109, exige la reparación del daño a las víctimas. En el caso del estado de Coahuila, su Ley de Víctimas obliga al gobierno de esa entidad a cumplir con esa demanda: “ante la posibilidad de que, al acreditarse una violación a los derechos humanos, sea atribuible a un servidor público del Estado”. Tanto la Ley General de Víctimas como la Ley de Víctimas de Coahuila precisan que “la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición”.
No obstante, meses después del compromiso que hicieron los funcionarios, las familias no recibieron a tiempo las pensiones que establece la ley mientras termina el proceso para la reparación del daño. Las deudas de las familias continuaron aumentando debido a que los apoyos mínimos que les corresponden a sus hijos, como becas y subsidios, se retrasan o de plano no se entregan en tiempo y forma.
Otra de las demandas más sencillas que no se cumplieron a cuatro años de distancia es la siguiente: hay alrededor de 60 casas que fueron quemadas y semidestruidas por el grupo criminal, a las cuales el municipio les sigue cobrando el impuesto predial e incluso algunas las van a embargar por falta de pagos.
La reparación de la 4T se la llevó el viento
Años después, las promesas de cumplir con la reparación se las llevó el viento. La obligación que decreta la ley se topó con un muro de trámites burocráticos y con insensibles funcionarios que revictimizaron a las familias. No obstante, lo más perverso es que no existe en las diversas instancias del Estado mexicano una fecha para cumplir, además de nulos avances para concluir con lo que decreta la ley. Así lo evidencian los documentos que se solicitaron en el mes de marzo de 2023 a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a través de la Plataforma de Transparencia.
Las falsas promesas a las víctimas han sido uno de los más crueles pecados cometidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su fallida Cuarta Transformación se ha caracterizado por un demagógico, pero atractivo y eficaz discurso para engañar a los ciudadanos más vulnerables, como son los afectados por la violencia (…)
En el caso de Allende, para documentar los avances sobre la reparación a las víctimas, en el mes de marzo de 2023 se solicitó a la Comisión Estatal para la Atención de Víctimas de Coahuila el padrón de familias que atienden y las medidas que se han tomado hasta el momento para la reparación del daño. La respuesta oficial que se entregó con el número de oficio CEAV/DG-1/001/2023 precisó que la comisión atiende a 57 familias.
“En términos generales, sus núcleos familiares –personas en situación de víctimas indirectas– se encuentran en aptitud para ser reparados integralmente del daño ocasionado por la violación de derechos humanos reconocida en la multicitada Recomendación de CNDH l0VG/2018, en los términos a los que hace referencia cada uno de los puntos recomendatorios, tomando en cuenta el contenido de la Ley de Víctimas vigente en la entidad (…)
“A la fecha, por conducto de las instituciones de la administración pública estatal que integran el Grupo Interinstitucional de Trabajo anteriormente aludido, diversas medidas y puntos recomendatorios ya han sido atendidos y otros se encuentran en vías de cumplimiento; sin embargo, esa información no es competencia de esta Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas atendiendo a que, en el artículo 4 del Acuerdo referido en el párrafo próximo pasado, se establece, en una diversa Institución, la Coordinación del mencionado Grupo, y sería esta la Institución competente para brindar la información relativa sobre el estado en que se encuentra el proceso de reparación integral del daño”, concluyó la respuesta oficial.
En pocas palabras, no hay avances en el proceso.
La misma solicitud se realizó a la CEAV federal y se numeró con el folio 33000762300020. La respuesta fue más burocrática y cruel: “La Dirección General del Comité Interdisciplinario Evaluador, respecto a sus requerimientos relacionados específicamente con la masacre de Allende, le informa que con base en lo establecido en los artículos 93 de la Ley General de Víctimas y 20 del Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos electrónicos y físicos, no se encuentra información al respecto”.
En síntesis, la respuesta oficial de las autoridades confirma la denuncia de las víctimas: la administración del presidente López Obrador y a del gobernador Miguel Riquelme no han cumplido con la obligación de reparar el daño a los afectados por la trágica masacre.
Para intentar que avance un proceso legal que debería resolverse sin necesidad de intermediarios y en los plazos que marca la ley, las familias tuvieron que recurrir a un abogado especializado. El litigante contratado es Jesús González Schmall, político y abogado, quien militó muchos años en el Partido Acción Nacional hasta que se mudó al Movimiento de Regeneración Nacional. El abogado fue entrevistado en su rancho ubicado en la zona semidesértica del estado de Coahuila, sobre el juicio de amparo que encabeza y esta fue su respuesta:
“La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que asumió la queja por lo sucedido en Allende emitió la recomendación cinco años después. Al demandar la reparación del daño transfirió su cumplimiento a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como lo manda la ley, más los acuerdos internacionales firmados por México que están agregados a la CEAV. Desde ese momento esa comisión debió tutelar a las víctimas tanto en el aspecto material como en el apoyo psicológico y moral, ya que la mayoría son mujeres que sufrieron la peor tragedia, y es una tristeza lo que pasaron ahí y que además quedaron desprotegidas en todo lo económico y emocional porque perdieron los padres, hermanos, etcétera”.
González Schmall destacó que la CNDH no tiene efectos vinculatorios, su fuerza es moral y debe asumir la supervisión y fiscalización para que se atienda la recomendación sobre el caso de Allende. Ordenamiento que “no puede quedar en llamadas a misa. Entonces tiene un recurso del que otros organismos carecen. Es decir, cuando la dependencia obligada a cumplir la recomendación no la cumple, la CNDH puede exigirle al Senado de la República que obligue a la autoridad responsable del incumplimiento a comparecer para que explique por qué no ha cumplido”.
No obstante, a cuatro años de que se ordenó la reparación del daño y ese mandato sigue sin cumplirse, no ha existido un solo llamado de la CNDH a ninguna dependencia responsable que haya sido citada para comparecer. Es una vergüenza que la CNDH no actúe para que se cumplan sus recomendaciones. Y más aún cuando se trata del mayor número de víctimas en la historia contemporánea de México, ya que en Allende se han registrado ante la CEAV alrededor de 60 familias, más otra cantidad que se registró en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del estado de Coahuila.
Debido a ese incumplimiento, Jesús González Schmall presentó un amparo ante el tribunal, que incluye a la CNDH al fallar en su responsabilidad fiscalizadora de sus propias recomendaciones y además contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
El amparo se presentó ante un juez de distrito del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Quedó registrado bajo el número 440/2023, ante la jueza Sandra de Jesús Zúñiga. En el amparo se tienen que especificar dos tipos de autoridades. Una que ordena y otra que ejecuta. En este caso la que ordena es la CNDH solicitando que se le otorgue protección a las víctimas. La que ejecuta este mandato es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Continúa el abogado González Schmall:
“Presentamos el amparo en el mes de diciembre de 2022 y lo ratificamos en marzo. Confiamos que ya se está solicitando a la CEAV su argumentación sobre por qué no ha cumplido. De hecho, el caso fue atraído por las autoridades federales. Y la manera como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evadió su responsabilidad de cumplir con la ley fue crear un comité interinstitucional entre varias autoridades federales y del estado de Coahuila para estudiar y buscar recursos para reparar el daño a las víctimas del caso de Allende. El juez debe tener la capacidad de deshacer las trampas y justificaciones que ponen las autoridades para no cumplir”.
El abogado González Schmall reiteró que si la CNDH carece de autoridad para hacer cumplir su recomendación l0VG/2018, sí cuenta con un instrumento de coerción externo: a la dependencia que no quiere cumplir le puede exigir al Senado que la convoque a comparecer y que los senadores la reprueben y exijan ejecutar la recomendación.
Y eso no ha pasado y eso rompe toda la estructura jurídica de un proceso. Como consecuencia hace inútil la función de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque de qué sirve que ella ordene y acepten su recomendación si no la cumplen. Entonces, no hace cumplir la ley que le ordena a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas una reparación integral, económica, social y psicológica, como es su obligación.
“Por ello nos fuimos al amparo, porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha cumplido lo que la ley le impone, de proteger a esas personas en la indemnización integral, porque esas víctimas han sufrido un menoscabo de su patrimonio y desde el principio de su inscripción ante la CEAV tienen derecho a una pensión mientras se resuelve su proceso de reparación de daño. En el caso de Allende existe una indiferencia absoluta por parte de las autoridades. Las víctimas han realizado desde el año 2019 una buena cantidad de gestiones, mandaron cartas, documentos e hicieron llamadas a las autoridades como Alejandro Encinas y Olga Sánchez Cordero pero la Comisión Ejecutiva simplemente no cumple.
“Metimos el amparo con el propósito de decirle al juez de distrito: Aquí hay una ley y unos ejecutivos que no han cumplido con la ley. Así que ordénales para que la autoridad obligada cumpla su responsabilidad. Y ahora sí, un juez tiene la facultad de coacción para incluso destituir o imponer responsabilidades penales si continúan evadiendo cumplir con la ley. En el texto de nuestro amparo citamos a lo que obliga la Ley de Atención a Víctimas, los artículos donde se le pone una obligación para que en un plazo de unos 60 días, después de que se ordenó la reparación del daño para que cumpla con las víctimas. No obstante, la autoridad como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas puede argumentar que se necesita evaluar el monto para la reparación del daño a cada afectado (y) puede solicitar un plazo mayor. Puede argumentar que se necesita un avalúo, consultar peritos, calcular costo de propiedades, pérdidas, etc. Ese plazo podría ser el doble o incluso un poco más de lo que establece la ley pero nunca tantos años como los que han pasado desde que se realizó la recomendación de la CNDH”, concluyó Jesús González Schmall.
No cumplir con los principios de la Justicia Restaurativa: Verdad, Justicia, Reparación del Daño y No Repetición no es el peor agravio que ha cometido la administración de López Obrador contra las víctimas de la masacre de Allende y el norte de Coahuila. Su más perverso pecado fue nombrar al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional al general Luis Cresencio Sandoval, uno de los cómplices que permitieron los asesinatos, quien también es responsable de ocultar al gobierno federal los hechos sucedidos a partir de marzo de 2011.
La Sedena no tiene datos de lo ocurrido en Allende
El gobierno de Felipe Calderón no conoció en su momento la masacre debido a que el general y el gobierno de Coahuila mantuvieron en secreto el genocidio durante casi dos años.
Para conocer si existió un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre lo sucedido en el norte de Coahuila se solicitó por medio de la Plataforma de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) tener acceso a sus archivos: “Para poder revisar los informes, reportes o análisis de inteligencia, o cualquier información generada por esa dependencia sobre los hechos violentos ocurridos en marzo de 2011 en el poblado de Allende y la ciudad de Piedras Negras del estado de Coahuila”.
El requerimiento se folió con el número 33002642- 2006572 con fecha del 10 de noviembre de 2022. La respuesta de la Sedena fue: “Se hace de su conocimiento que después de haber realizado una exhaustiva búsqueda en el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, no se localizó evidencia documental que atienda su requerimiento”.
No obstante, documentos de la Sexta Región Militar, fechados en Coahuila en marzo de 2011, confirman que la Guarnición de Piedras Negras, en esa época bajo el mando del general Luis Cresencio Sandoval, sí recibió denuncias de víctimas de los Zetas cuando arrasaban los pueblos de Allende, Piedras Negras y otros municipios del norte de Coahuila. Sin embargo, a pesar de enterarse sobre crímenes masivos los mandos militares no hicieron nada en contra del grupo criminal.
Los documentos de la Sedena fueron publicados por la organización académica National Security Archive (NSA) con sede en Washington. Los documentos están fechados el 20 y 28 de marzo de 2011 y registran las denuncias que recibió el 14 Regimiento de Caballería con sede en Múzquiz por parte de familias cuyos parientes fueron secuestrados por los Zetas y que fueron turnadas a la Guarnición de Piedras Negras y a la Sexta Zona Militar
Para verificar la denuncia salieron tres unidades del Ejército mexicano con efectivos encabezados por un teniente de Caballería, quien según indica otro documento fechado en Múzquiz reportó a sus superiores que localizaron al menos tres viviendas saqueadas, ranchos quemados y abandonados, múltiples casquillos percutidos, así como vehículos incendiados con evidencias de disparos de arma de fuego. Una copia del reporte se mandó al general Luis Cresencio Sandoval, jefe de la Comandancia de Piedras Negras y otra al comandante de la Sexta Región Militar.
La tardé del 18 de marzo de 2011 los sicarios Zetas privaron de su libertad a 41 amigos de Poncho Cuéllar en la ciudad de Piedras Negras, para posteriormente asesinarlos. Esa noche se celebró una boda en el Casino Nacional de Piedras Negras a la que asistió la crema y nata de la sociedad, además de las principales autoridades civiles y militares de Coahuila: el gobernador Jorge Torres López, el presidente municipal de Piedras Negras Óscar López Elizondo y el general Luis Cresencio Sandoval. Cuando participaban en el festejo las autoridades fueron informadas de los secuestros que estaban llevando a cabo los Zetas. Tras recibir el reporte de las acciones de los sicarios, el gobernador abandonó la ciudad en un vuelo privado, pero antes ordenó que los medios borraran las fotos de su asistencia a la boda, mientras que el presidente municipal cruzó la frontera rumbo a Eagle Pass y el general Cresencio Sandoval se excusó: que no podía hacer nada porque en su “guarnición sólo contaba con cien elementos” (…)
Años después, ya como titular de la Secretaría de la Defensa, cuando la revista Proceso publicó un reportaje sobre sus criminales omisiones en Coahuila, Cresencio Sandoval se justificó en la conferencia matutina del presidente López Obrador con mentiras y argumentos legaloides que se habían pasado por alto en el sexenio de Calderón.
El general Sandoval dijo:
“Las responsabilidades de las guarniciones en aquellos momentos no eran las que ahorita se tienen. Las guarniciones militares no tienen una responsabilidad operativa, sino es una responsabilidad administrativa, así estaba, así está de hecho nuestro reglamento de guarniciones militares, no se tenía injerencia.
“En aquel entonces también en Coahuila, la presencia de tropas era sumamente reducida, teníamos una compañía de infantería en Acuña, 200 hombres en Acuña, 150, 200 hombres; un regimiento de caballería en Múzquiz, casi en la parte central del territorio de ese estado; de ahí, otra unidad de infantería en Saltillo y otra más en Torreón. Era lo único que se tenía en las unidades, alrededor de 500 hombres; es decir, contábamos con mil quinientos hombres para poder cubrir todo ese gran territorio y, bueno, la presencia obviamente de la delincuencia en ese estado.
“Por esas fechas también fui designado responsable de la atención de un incendio que empieza precisamente en esas fechas en Acuña y que va a través de todo el territorio hasta Múzquiz, ahí es donde logramos parar el incendio. Entonces, mi ocupación principal en esos momentos era la atención del incendio, controlando o siendo responsable de lo que era la parte del ejército, de la fuerza aérea y todo lo de protección civil que se estaba sumando al control del incendio. Entonces, no era yo el responsable directo en ese momento”.
Sin embargo, no existe información sobre un extenso incendio con las características mencionadas, que hubiera ocurrido en esa época. Los registros oficiales señalan que el 22 de marzo comenzó en Ciudad Acuña un fuego que afectó alrededor de mil 500 hectáreas de bosque y pastizales en las cercanías de la ciudad. Los equipos de emergencia y bomberos lograron controlarlo tres días después, el 25 de marzo de 2011.
Pero sí hubo un fuego real, el verdadero fuego causado por un ejército de sicarios que arrasó e incineró a casi todo un poblado con sus habitantes apresados en sus límites, sin escapatoria posible; el incendio, iniciado a partir del 18 de marzo de 2011, cuatro días antes de lo que señalan los registros oficiales, habría cobrado la vida de cientos de víctimas (…)